El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, protagonizó la clase magistral de la semana sobre cómo convertir una llamada a cuentas en mitin de precampaña. Acudió al Congreso del Estado a rendir un informe ante la Junta de Coordinación Política sobre el proceso de liquidación de un adeudo de 118 millones de pesos de ISR, donde fue señalado por omisiones por no presentar la denuncia correspondiente. Hasta ahí, todo sobrio. El detalle es cómo terminó la jornada: escoltado por una veintena de simpatizantes que lo acompañaron rumbo al hotel Quality Inn coreando '¡Gobernador!, ¡Gobernador!'.

Uno va a una comparecencia esperando, en el peor de los casos, salir regañado, y este hombre salió promovido por aclamación popular. Es la alquimia política perfecta: te citan por un adeudo fiscal y la calle te asciende dos cargos. Por el camino, el edil defendió el arrendamiento de barredoras —asegurando que auditorías de 2022, 2023 y 2024 no detectaron observaciones y prometiendo evidencia documental y audiovisual—, acusó al PAN de mentir, y dos diputados panistas, Jorge Soto y Xóchitl Contreras, se levantaron y abandonaron el recinto. La sesión fue, en palabras técnicas, un agarrón con minuta.

La cereza: Pérez Cuéllar solicitó licencia, y el Consejo Coordinador Empresarial ya salió a decir que mantendrá la coordinación con el gobierno municipal en funciones para preservar la estabilidad. Traducción: 'tú vete tranquilo, nosotros cuidamos la tienda'. Mientras tanto, en Juárez ya hay aspirantes calentando motores —Ernesto Robles anuncia su tercer intento por la candidatura— porque el sillón quedó tibio. Si la política fuera un Mundial, esto sería la definición por penales: nadie sabe quién metió el gol, pero todos celebran. Y las barredoras, en el banco de suplentes.