Hay municipios donde el futuro y el pasado conviven de la manera más cruel. En Guadalupe y Calvo, la semana dejó un saldo que estremece: diez asesinatos en cinco días, viviendas incendiadas y ataques con explosivos lanzados presuntamente desde drones contra el Ejército en las inmediaciones de la comunidad El Ocote. Sí, drones. La misma tecnología con la que en otras partes del mundo entregan pizzas o graban bodas, aquí se usa para atacar a las fuerzas armadas en plena sierra chihuahuense.

Y mientras la violencia ya opera con aeronaves no tripuladas, la respuesta institucional de ese mismo municipio sigue anclada en el siglo pasado: se confirmó que Guadalupe y Calvo carece de cuerpo de bomberos y de unidad apagadora. Cuando algo se incendia, lo combaten los oficiales de Seguridad Pública y la propia ciudadanía, con lo que tengan a la mano. Tenemos, pues, un territorio donde el crimen va en dron y el rescate va en cubeta. La brecha tecnológica nunca había sido tan literal ni tan dolorosa.

Las autoridades estatales explican el estallido de violencia como resultado del debilitamiento de un grupo delictivo y la disputa por la plaza entre células rivales. Análisis correcto, seguramente. Pero para el habitante de la sierra, la geopolítica del narco importa poco cuando lo urgente es que no hay quién apague el fuego de su casa ni quién garantice que llegue a la mañana siguiente. La explicación llega puntual; los bomberos, nunca.

Lo indignante no es que exista disputa criminal —eso, tristemente, es viejo—, sino que un municipio entero de Chihuahua enfrente ataques con drones sin siquiera contar con una pipa para incendios. Ahí, donde más se necesita al Estado, el Estado llega tarde, mal y sin equipo. Guadalupe y Calvo no pide milagros: pide lo mínimo, una unidad apagadora y la certeza de que alguien más que los propios vecinos responderá cuando suene la alarma. Mientras eso no ocurra, seguiremos siendo el municipio donde el crimen innova y la seguridad improvisa.