El expresidente Vicente Fox volvió a hacer lo que mejor sabe hacer desde que dejó Los Pinos: aparecerse en una conferencia de prensa. Esta vez encabezó un frente de exgobernadores panistas —entre ellos los jaliscienses Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas— para defender al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido y señalado por la FGR en el caso conocido como huachicol fiscal.

El argumento del frente es que se trata de una 'persecución política' de Morena, que la detención se hizo con 'inexistencia de pruebas', que la audiencia inicial fue a puerta cerrada y que el nuevo Poder Judicial —ese que surgió de la elección popular— carece de independencia. Piden arraigo domiciliario para su compañero. Hasta aquí, un posicionamiento legítimo: todo acusado tiene derecho a la presunción de inocencia y a un proceso transparente, faltaba más.

Lo entrañable es el reparto. Un grupo de exgobernadores exigiendo transparencia en los procesos judiciales tiene la misma energía que un vendedor de raspados dando cátedra sobre nutrición: técnicamente puede tener razón, pero uno no puede evitar mirar el carrito. Que precisamente los que administraron estados durante años se hayan vuelto, de la noche a la mañana, los cruzados del Estado de derecho y la imparcialidad judicial, es de esas conversiones que dan ternura y desconfianza en partes iguales.

Y el momento cumbre, cómo no, lo puso Fox, quien declaró estar dispuesto a 'poner las manos en el fuego' por Ruffo. Uno agradece el entusiasmo, aunque recuerde que el fuego es traicionero y que en política las manos que hoy se meten a la lumbre suelen sacarse rapidísimo cuando empieza a calentar. Poner las manos al fuego por alguien es un deporte extremo que muchos practican y poquísimos terminan.

Que el proceso sea transparente, que haya pruebas o no las haya, que un juez resuelva conforme a derecho: en eso el frente y cualquier ciudadano sensato coinciden. Lo demás es coreografía. Y hay que reconocerlo: para la coreografía, este elenco sigue teniendo escuela.