En el gran teatro de las declaraciones legislativas, de vez en cuando cae una frase que merece estudiarse en las escuelas, aunque sea para saber qué no repetir en el examen. El diputado federal Leonel Godoy planteó que los adolescentes no serían imputables si no se les reconoce el derecho a votar. Léalo despacio, porque la lógica es de esas que se disfrutan como un durazno de Ucareo: la responsabilidad penal llegaría por combo, junto con la credencial para sufragar.

El razonamiento, en cristiano de mercado: si no te dejan opinar en la urna, tampoco te pueden pasar la factura en el juzgado. Suena a justicia poética hasta que uno lo lleva al terreno práctico y descubre que estaríamos definiendo la madurez de una persona según el calendario electoral. ¿Cometió una travesura seria un mes antes de cumplir los requisitos para votar? Pásele, joven, todavía no le toca. ¿La cometió justo después? Ah, caray, ya entró usted al club de los responsables.

El propio diputado reconoció que existen crímenes 'horrendos' y que el tema requiere estudiarse a fondo, lo cual es la manera elegante y parlamentaria de decir 'esto lo dejamos calientito para la próxima temporada de debates'. Estudiar a fondo, en el diccionario legislativo, suele ser sinónimo de meter un asunto al cajón donde reposan las buenas intenciones junto a las alcantarillas destapadas de Zamora.

Que quede claro: nadie discute que el tema de los menores y la ley es serio, delicado y merece cabeza fría. Precisamente por eso llama la atención que se resuelva con una fórmula tan redonda que parece de examen de secundaria: despeja la X, condiciona la responsabilidad al voto y entrega. Ojalá el estudio a fondo llegue pronto, con datos y no con silogismos de sobremesa. Mientras tanto, aquí seguimos, tomando nota de que en Michoacán hasta la mayoría de edad podría volverse tema de campaña.