Hay pocas cosas que unan tanto a la clase política mexicana como el pánico a que la callen. Esta semana, los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias en radio y televisión desataron un coro perfectamente afinado de indignación, con la particularidad de que todos los que denuncian que los quieren silenciar lo hicieron, precisamente, con micrófono, cámara y comunicado.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, bautizó los lineamientos como 'ley censura' y advirtió que darán facultades de sanción a la autoridad reguladora para acallar voces críticas. Lo dijo, hay que subrayarlo, en voz alta, ante los medios, sin que nadie le tapara la boca. Es el género retórico más entrañable de la política: la denuncia de mordaza pronunciada a todo pulmón y reproducida en todos los noticieros que supuestamente van a ser amordazados.

Enseguida entró el líder nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, a quien la Comisión de Quejas del INE le ordenó bajar publicaciones donde llama 'narcopartido' a Morena. Su reacción fue calificar la orden como censura previa y persecución política, y anunciar que no la acatará y que la impugnará ante el Tribunal Electoral. O sea: le dijeron 'bájale', respondió que no le van a callar, y para demostrarlo prometió más publicaciones y más denuncias en más foros. La censura, en su versión, parece consistir en pedirle que module el volumen de un megáfono que él insiste en subirle.

Del otro lado del cuadrilátero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que 'no hay censura', que los lineamientos solo buscan garantizar información plural y veraz y darle a la ciudadanía herramientas para pedir rectificaciones. La frase suena impecable hasta que uno recuerda que la historia de las 'medidas para proteger al público' suele redactarse siempre con las mejores intenciones y aplicarse con las peores ganas. Que un gobierno decida qué es 'información veraz' es como dejar que el árbitro también sea dueño del equipo: puede que juegue limpio, pero uno preferiría no tener que confiar en su palabra.

El resultado es un debate donde nadie escucha porque todos están demasiado ocupados gritando que no los dejan hablar. El PRI acusa mordaza desde el pleno del Senado, Alito denuncia silencio en cada red social disponible, y el oficialismo jura que aquí hay libertad total mientras estrena facultades para multar. Todos tienen razón en algo y todos son parte del problema, que es la especialidad de la casa.

La audiencia —esa figura abstracta que todos dicen defender— asiste al espectáculo como quien ve una discusión de vecinos por el volumen de la música: no sabe quién tiene razón, pero sabe perfectamente quién no lo deja dormir. Y sospecha, con toda la razón del mundo, que el día que de verdad quieran callar a alguien, no va a haber comunicado que lo anuncie.