En Morelia ocurrió un fenómeno raro: alguien criticó un reglamento que todavía no existe, y no le fue nada mal. El secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, salió a advertir que la consulta impulsada por Morena y el gobierno federal sobre los derechos de las audiencias "apunta a la censura", porque —sostiene— no nació de una demanda ciudadana sino de una iniciativa desde el poder, lo cual, dice, genera desconfianza.

El argumento tiene su gracia fina. Según el funcionario, cualquier reforma sobre regulación de contenidos debería surgir de las propias audiencias o de los medios, jamás de un gobierno con "tendencias de control". Es decir: la ciudadanía tiene todo el derecho a pedir reglas, siempre y cuando las pida primero, en el orden correcto y con la venia adecuada. Un manual de participación ciudadana redactado, curiosamente, por alguien que ocupa un cargo desde el poder municipal.

Uno agradece el celo democrático, faltaba más. Nada más nutritivo para el debate público que un secretario de ayuntamiento desconfiando de las intenciones de otro nivel de gobierno: es el equilibrio de poderes convertido en deporte de contacto. La sospecha, en Michoacán, se distribuye por parejo entre pisos del mismo edificio.

Lo entretenido será ver qué pasa cuando la consulta efectivamente se realice y la ciudadanía opine. Porque entonces ya no será "desde el poder", será "desde la gente", y habrá que estrenar un nuevo motivo de desconfianza. La censura, como el video de hombres armados, siempre puede reclasificarse por fecha, origen y competencia.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie —ese que no fue consultado ni por unos ni por otros— sigue esperando que alguien defienda con la misma pasión su derecho a que le contesten el teléfono en la ventanilla. Los derechos de las audiencias están muy bien; los derechos del que hace fila también valen su reglamento.