Michoacán estrenó esta semana una metodología pericial de vanguardia: en vez de investigar qué muestra un video, se investiga cuándo se grabó. Dos materiales de hombres armados pusieron a prueba el sistema y el resultado fue tranquilizador, al menos en términos de calendario.

El primero, grabado en Ario, mostraba a sujetos armados golpeando a un agente de la FGE. La vicefiscalía aclaró que el material tiene por lo menos dos años y que el involucrado fue dado de baja en 2024. El segundo, en Cotija, corrió con la misma suerte cronológica: la FGE precisó que es de hace unos dos meses y que, por si fuera poco, se trata de un asunto de competencia federal. Traducción: viejo y ajeno, la combinación perfecta.

Hay que reconocer la elegancia del método. No se niega que los hechos ocurrieron; se les pone fecha de caducidad. Como el yogurt, la violencia también se vence, y una vez vencida ya no cuenta para las estadísticas del mes en curso. Es un consuelo con lógica de alacena.

El problema es que el ciudadano promedio no anda con datador en la mano. Cuando ve un video de gente armada, lo primero que piensa no es "¿de qué trimestre será?", sino "¿esto está cerca de mi casa?". La distancia geográfica lo preocupa mucho más que la distancia temporal, pero por ahora la geografía no está incluida en el comunicado.

Entre el "no es reciente" y el "es competencia federal", se va armando un catálogo de descargos que cualquier despacho envidiaría. Falta nada más el combo definitivo: un video que sea viejo, federal y, de pasada, apócrifo. Ese día alcanzaremos la paz documental completa.

Mientras tanto, quede el aprendizaje para el michoacano moderno: antes de asustarse, revise la marca de agua. Si el clip ya cumplió años, respire tranquilo; oficialmente, eso ya no está pasando.