El notario público 56, Sergio Gil Valdez, se presentó en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León con una iniciativa que suena a chiste de sobremesa pero venía en serio: reformar la Ley Electoral para que los aspirantes a cargos de elección popular transparenten su preparación académica y, agárrense, garanticen una buena salud mental mediante una constancia emitida por un instituto profesional.

La idea es tan sensata que produce una punzada. Pedirle a quien quiere gobernarnos una constancia de que está en sus cabales es, técnicamente, el requisito más lógico que ha pasado por ese Congreso en años. Y precisamente por eso da tanto miedo su viabilidad. Uno imagina la fila de aspirantes en el consultorio, sudando frío, ensayando respuestas como quien va a sacar la licencia de manejo del alma. '¿Escucha voces?' 'Solo las de mis asesores de campaña, doctor.'

Los detalles finos, como siempre, son los interesantes. ¿Quién aplicaría la prueba? ¿Qué instituto tendría el valor —y el seguro de responsabilidad civil— para reprobar a un precandidato con estructura? ¿Y qué pasa si el diagnóstico revela que el problema no era la salud mental del candidato, sino la del electorado que lo sostiene? La iniciativa, presentada por un fedatario que jura que solo busca que el votante 'conozca mejor' a quién elige, abre una caja de Pandora tan grande que no cabe en ninguna notaría.

En el mismo Congreso, por cierto, otro grupo de notarios desfiló para entregar información dirigida a la Comisión Anticorrupción por un juicio político, aclarando que no estaban obligados por ley pero que ahí andaban, cumpliendo como buenos ciudadanos. Semana movida para el gremio: entre entregar papeles y proponer psicoevaluaciones, los notarios de Nuevo León se están volviendo los personajes más activos de la política local sin haberse postulado a nada. Quizá deberían empezar por aplicarse el examen entre ellos. Solo para dar el ejemplo.