Puerto Vallarta pasó de dos a cuatro empresas de grúas legalmente registradas —Ayón, Fasmex, Aries y Saga—, unas treinta unidades autorizadas en total, y con el aumento llegó una advertencia con dientes: tras las reformas a la Ley de Movilidad y al Código Penal estatal, ahora es delito de abuso de autoridad que cualquier policía, municipal o estatal, solicite el servicio de una grúa que no esté en el padrón oficial. El secretario de Transporte lo dijo sin rodeos, mirando de reojo a los agentes de tránsito.

Celebremos el avance con la solemnidad que merece: durante años, el ecosistema del arrastre en México operó con la elegancia de un depredador nocturno. Auto mal estacionado, grúa que aparece de la nada, corralón lejano y una cuenta que crecía por hora como planta trepadora. Que ahora exista un padrón y que salirse de él tenga consecuencias penales es, de verdad, una buena noticia para el automovilista de a pie.

Lo delicioso del asunto es a quién va dirigida la advertencia. No al ciudadano, sino a la propia autoridad: se le está diciendo a la policía que llamar a la grúa equivocada puede costarle un proceso. Es el reconocimiento tácito, en lenguaje de boletín, de que el problema no siempre eran los conductores traviesos, sino la sociedad no siempre transparente entre uniforme y arrastre. Ponerlo en el Código Penal es como colgar un letrero de 'aquí ya no' en un rincón que todos conocían.

Queda la parte práctica, que es donde estas cosas suelen tropezar: que el padrón se respete, que las cuatro empresas legales sean suficientes y no se conviertan en un club exclusivo con lista de espera, y que el conductor promedio sepa cómo verificar si la grúa que se lleva su coche es de las buenas o de las otras. Mientras tanto, brindemos: por fin el arrastre tiene reglamento. Ojalá el reglamento tenga quién lo arrastre a cumplirse.