1.2 millones de pesos para tapar los rayones: cuando la protesta contra el gobierno la paga otro gobierno
Tamaño de letra
El Congreso de Michoacán —recinto que, recordemos, es patrimonio de la humanidad, y por tanto cada rasguño cotiza en euros emocionales— quedó con daños tras la manifestación de La Sombreriza, y repararlos costará 1.2 millones de pesos. Millón doscientos mil pesos. Con esa cifra uno esperaría reconstruir un ala completa, no repellar y pintar; pero cuando el inmueble carga con el prestigio de la UNESCO, hasta el thinner sube de categoría.
La parte deliciosa del asunto es el reparto de papeles. Quienes ocasionaron los perjuicios, según la nota, fueron funcionarios de Uruapan. Es decir: servidores públicos protestando en la sede de otros servidores públicos, dejando una factura que pagarán, con dinero público, todos los demás servidores públicos. Un círculo virtuoso donde el único que no aparece en la ecuación es el ciudadano que aportó el impuesto y que, por cierto, tampoco fue invitado a la manifestación ni a la repintada.
El diputado presidente, con diplomacia de quien ya vio esta película, se dijo "abierto a llegar a un acuerdo" con los funcionarios uruapenses. Traducción del lenguaje legislativo: pórtense bien y a lo mejor lo arreglamos entre familia. Porque en la política michoacana, cuando un funcionario le rompe algo a otro funcionario, no se llama daño: se llama negociación en curso. Y el patrimonio de la humanidad espera pacientemente con su cubeta.
Uno hace las cuentas de servilleta: 1.2 millones de pesos son muchas cosas. Es un montón de baches tapados, varias jornadas del IMPA esterilizando gatos, o un buen tramo de banqueta digna en cualquier tenencia olvidada. Pero no: irán a devolverle su lustre a los muros que la propia clase política ayudó a maltratar. Es reciclaje presupuestal en su forma más pura: el gobierno se rompe solo y el gobierno se paga solo la compostura.
Que conste que defender el patrimonio arquitectónico está bien; el edificio es una joya y merece respeto. Lo que raspa no es la restauración, sino la coreografía: unos protestan, otros cotizan, nadie asume, y la humanidad —esa a la que pertenece el recinto— termina financiando la reconciliación con recibo membretado. Una obra maestra, sí, pero de la comedia institucional.
La parte deliciosa del asunto es el reparto de papeles. Quienes ocasionaron los perjuicios, según la nota, fueron funcionarios de Uruapan. Es decir: servidores públicos protestando en la sede de otros servidores públicos, dejando una factura que pagarán, con dinero público, todos los demás servidores públicos. Un círculo virtuoso donde el único que no aparece en la ecuación es el ciudadano que aportó el impuesto y que, por cierto, tampoco fue invitado a la manifestación ni a la repintada.
El diputado presidente, con diplomacia de quien ya vio esta película, se dijo "abierto a llegar a un acuerdo" con los funcionarios uruapenses. Traducción del lenguaje legislativo: pórtense bien y a lo mejor lo arreglamos entre familia. Porque en la política michoacana, cuando un funcionario le rompe algo a otro funcionario, no se llama daño: se llama negociación en curso. Y el patrimonio de la humanidad espera pacientemente con su cubeta.
Uno hace las cuentas de servilleta: 1.2 millones de pesos son muchas cosas. Es un montón de baches tapados, varias jornadas del IMPA esterilizando gatos, o un buen tramo de banqueta digna en cualquier tenencia olvidada. Pero no: irán a devolverle su lustre a los muros que la propia clase política ayudó a maltratar. Es reciclaje presupuestal en su forma más pura: el gobierno se rompe solo y el gobierno se paga solo la compostura.
Que conste que defender el patrimonio arquitectónico está bien; el edificio es una joya y merece respeto. Lo que raspa no es la restauración, sino la coreografía: unos protestan, otros cotizan, nadie asume, y la humanidad —esa a la que pertenece el recinto— termina financiando la reconciliación con recibo membretado. Una obra maestra, sí, pero de la comedia institucional.