Si algo ha demostrado la UNAM en las últimas semanas es que aplicar un examen de admisión puede ser más difícil que aprobarlo. Tras las fallas de la prueba en línea, la crisis escaló: rodó la cabeza de la secretaria general, al rector lo señalan por no haber contenido el incendio —hay quien dice que le echó más leña— y ahora los propios aspirantes seleccionados marchan a Rectoría.

¿Su reclamo? Que la institución quiere aplicarles un segundo examen, esta vez presencial y 'de control', para verificar los resultados que ya habían obtenido. Es decir: pasaste, pero demuéstralo otra vez, ahora sin internet de por medio, no vaya a ser que hayas hecho trampa aprobando un sistema que se cayó solo. Los inconformes sostienen, con una lógica difícil de rebatir, que eso vulnera sus derechos como seleccionados.

El detalle que corona el asunto es económico. La propia Universidad estima que el examen fallido costó 51 millones de pesos, y la Auditoría Superior de la Federación ya alista una revisión a la empresa que ganó la licitación. Cincuenta y un millones para llegar a la conclusión, tan cara como obvia, de que un servidor puede saturarse. Cualquier estudiante que haya intentado inscribirse a materias un lunes por la mañana lo habría certificado sin cobrar consultoría.

Al final, la máxima casa de estudios enfrenta la paradoja más incómoda de su historia reciente: la institución que forma a quienes diseñan sistemas, evalúan procesos y auditan contratos tropezó justo en el diseño, la evaluación y el contrato. No es la primera vez que la UNAM se mira al espejo y no le gusta lo que ve; la novedad es que esta vez el espejo venía con licitación, factura y orden del día. Los aspirantes, mientras tanto, solo quieren su lugar. Que después de todo este trámite alguien se los niegue sería el verdadero reprobado.