En el género del suspenso judicial michoacano, esta semana estrenamos una entrega inesperada: la audiencia inicial de Ramón Ángel «N», alias «R1», señalado como presunto responsable del homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, se suspendió porque la defensa dijo que no conocía la carpeta de investigación.

Léase de nuevo, despacio. La defensa. No conocía. El expediente. Es como el actor que sube al escenario en el estreno y pregunta de qué trata la obra. La diligencia estaba programada para arrancar cerca de las cinco de la tarde, pero se pospuso hasta las ocho de la mañana del martes, tiempo suficiente para que alguien, por fin, abra el fólder.

Uno entiende que la ley garantiza el derecho a una defensa adecuada, y qué bueno que así sea. Pero hay algo profundamente mexicano en pedir prórroga por no haber leído lo que se tenía que leer. Es el «déme chance, ahorita lo checo» elevado a categoría procesal. El mismo espíritu con el que todos hemos jurado que el trámite lo entregamos mañana sin falta.

Mientras la audiencia se mueve como cita del dentista, el caso Manzo sigue arrastrando cabos: gobiernos que dicen querer esclarecerlo, celulares que no se entregan, videos que la Fiscalía debe revisar y excolaboradores cuyas relaciones alguien pide «aclarar». Todo un rompecabezas al que, capítulo tras capítulo, siempre le falta una pieza y sobra un aplazamiento.

El homicidio de un alcalde no es tema para tomarse a la ligera, y precisamente por eso incomoda el ritmo de caracol con el que avanza cada formalidad. Cada suspensión manda un mensaje: aquí el reloj de la justicia usa horario de verano permanente. La ciudad de Uruapan y quien quiera creer en las instituciones esperan que el martes, a las ocho en punto, la carpeta ya esté leída, subrayada y con separadores.

Porque una cosa es el debido proceso y otra muy distinta convertir el expediente en lectura opcional. Mañana sabremos si la tarea, por fin, se hizo.