Hay una verdad incómoda que Pómaro dejó clarísima esta semana: en México, la burocracia solo lee rápido cuando el documento viene acompañado de humo. La comunidad indígena, en la costa michoacana, exige el reconocimiento pleno de su autogobierno y el acceso directo a los recursos que le corresponden; y como los oficios se apilan y las respuestas no llegan, la protesta subió de tono hasta incendiar un tráiler.

El gobierno estatal respondió con la partitura de siempre: ofreció «acompañamiento institucional» y prometió actuar «con estricto apego al marco legal», dándole «seguimiento puntual a los trámites necesarios». Todo muy correcto, todo muy tibio, todo escrito en ese idioma administrativo donde «seguimiento puntual» puede durar lo que dura una fila en el Registro Civil un lunes por la mañana.

El fondo es serio: comunidades como Pómaro ganaron el derecho al autogobierno y al presupuesto directo, y ahora vienen los detalles, que en este país siempre son la parte donde el sueño se atora. Acusan que el ayuntamiento de Aquila no reconoce a todas las localidades que decidieron transitar a este modelo, así que además del pleito con el estado hay pleito con el vecino de junto. La autonomía, resulta, también se pelea cuadra por cuadra.

Uno celebra que el gobierno prometa acompañar. La duda es a qué velocidad camina ese acompañamiento, porque hasta ahora la ecuación michoacana es cruel: mientras no haya lumbre, no hay urgencia; en cuanto hay lumbre, aparecen los comunicados. Deberíamos, como sociedad, poder resolver estas cosas sin que nadie tenga que sacrificar un remolque.

Pómaro no pide un favor; reclama un derecho ya reconocido. Y si para que le contesten el oficio tiene que armar una fogata en plena carretera, el problema no es de quien protesta, sino de quien solo despierta con el olor a diésel quemado. Ojalá el «acompañamiento» incluya reloj, calendario y, de perdida, alguien que conteste el teléfono a la primera. Porque el humo, tarde o temprano, se dispersa; el agravio, si no se atiende, no.