El trampolín de la Fiscalía: prohibido saltar, salvo que la ley te empuje
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El exgobernador Leonel Godoy Rangel nos regaló esta semana una clase de ética institucional con final abierto. Dijo, con toda razón, que la Fiscalía General del Estado 'no debe ser un trampolín político' y que su titular con licencia, Carlos Torres Piña, no debió participar en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. La FGE, sostuvo, debe mantenerse como una institución técnica y jurídica, alejada de las aspiraciones electorales. Aplausos. Hasta ahí, el discurso es impecable.
El problema empieza en la letra chica, que el propio Godoy leyó en voz alta: reconoció que la legislación vigente sí le permite al fiscal competir por un cargo, gracias a un 'vacío legal' que, dijo, debe corregirse. Es decir, tenemos una conducta que está mal, que es perfectamente legal, y que se arreglará algún día que no es hoy. El vacío legal es esa figura jurídica maravillosa que permite indignarse sin consecuencias: uno señala el hueco, mira hacia otro lado, y deja que el siguiente se caiga en él.
Porque conviene recordar cómo funciona un trampolín. Nadie se queja de él mientras está formado esperando su turno; la crítica llega cuando el que brinca es del otro equipo. Godoy, veterano de mil albercas políticas, sabe perfectamente que en Michoacán las instituciones técnicas y jurídicas tienen una larga tradición de servir de escalón. Que hoy pida pureza es como que el agua reproche a la esponja.
La propuesta de fondo —cerrar el vacío legal para que un fiscal no salte de la procuración de justicia a las urnas— es sensata y ojalá prospere. Pero la historia reciente sugiere que estos huecos legales se tapan con la misma prisa con la que se pavimentan las calles de las tenencias: cuando ya nadie los usa. Mientras tanto, la FGE seguirá siendo, según quién hable, o bien una institución técnica intachable, o bien el clavado con mayor puntuación rumbo al 2027.
En El Destiempo aplaudimos el llamado a la coherencia. Solo pedimos que la coherencia, como la fiscalía, no dependa de quién sea el que esté a punto de saltar.
El problema empieza en la letra chica, que el propio Godoy leyó en voz alta: reconoció que la legislación vigente sí le permite al fiscal competir por un cargo, gracias a un 'vacío legal' que, dijo, debe corregirse. Es decir, tenemos una conducta que está mal, que es perfectamente legal, y que se arreglará algún día que no es hoy. El vacío legal es esa figura jurídica maravillosa que permite indignarse sin consecuencias: uno señala el hueco, mira hacia otro lado, y deja que el siguiente se caiga en él.
Porque conviene recordar cómo funciona un trampolín. Nadie se queja de él mientras está formado esperando su turno; la crítica llega cuando el que brinca es del otro equipo. Godoy, veterano de mil albercas políticas, sabe perfectamente que en Michoacán las instituciones técnicas y jurídicas tienen una larga tradición de servir de escalón. Que hoy pida pureza es como que el agua reproche a la esponja.
La propuesta de fondo —cerrar el vacío legal para que un fiscal no salte de la procuración de justicia a las urnas— es sensata y ojalá prospere. Pero la historia reciente sugiere que estos huecos legales se tapan con la misma prisa con la que se pavimentan las calles de las tenencias: cuando ya nadie los usa. Mientras tanto, la FGE seguirá siendo, según quién hable, o bien una institución técnica intachable, o bien el clavado con mayor puntuación rumbo al 2027.
En El Destiempo aplaudimos el llamado a la coherencia. Solo pedimos que la coherencia, como la fiscalía, no dependa de quién sea el que esté a punto de saltar.