Enorgullézcase, Morelia: acabamos de convertirnos en el primer municipio de México certificado en gestión de seguridad de la información. Un diploma flamante, con sello y todo, que garantiza que nuestros bytes están a buen resguardo contra los ciberataques. El presidente municipal lo presentó como escudo contra las amenazas digitales que asolan al país. Aplausos. Confeti. Un brindis por los servidores blindados.

Ahora, el pequeño detalle que la vida insiste en poner encima de la mesa: el mismo ambiente informativo nos recuerda que la SSP reconoce que las llamadas de extorsión que caen en Michoacán provienen de la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León y Querétaro, y que las autoridades andan rogando que la gente denuncie. O sea, tenemos certificada la nube pero la línea telefónica sigue siendo tierra de nadie. Nos protegimos contra el hacker imaginario y dejamos la puerta abierta al de la llamadita de siempre.

Hay algo profundamente michoacano en este contraste. Es la modernidad de a mentiritas: el municipio que domina el vocabulario de la ciberseguridad —‘gestión’, ‘certificación’, ‘protocolos’— mientras el ciudadano de a pie sigue colgando con el corazón en la garganta cada vez que aparece un número desconocido. El diploma dice que nuestros datos personales están seguros. Lástima que el extorsionador no necesite hackear nada: le basta con marcar y sonar convincente.

Que conste que celebro la certificación; toda muralla sirve. Pero uno soñaría con el día en que la misma energía burocrática que consiguió el sello internacional se destine a que la señora de la tienda pueda contestar el teléfono sin que se le vaya el alma. Mientras tanto, Morelia queda oficialmente a la vanguardia: campeona nacional en cuidar la información que el delincuente, de todos modos, obtiene por la vía analógica de asustarnos por bocina.