En Celaya se vivió esta semana el thriller burocrático del año: la Dirección de Fiscalización anunció revisiones en expendios de alcohol tras un reporte de dos personas en estado crítico por presunta intoxicación con bebidas adulteradas. Hasta ahí, una tragedia. El giro de guion llegó cuando el IMSS emitió un comunicado desmintiendo tener registro de pacientes hospitalizados por esa causa. Dos instituciones públicas, un mismo municipio, versiones opuestas. En Guanajuato ni para ponerse de acuerdo en si hay enfermos alcanza el presupuesto de coordinación.

El director de fiscalización, Eduardo Griss Kauffman, explicó que verificarán "marbetes, etiquetas y la posible detección de envases no originales probablemente adulterados", y que la última palabra la tendrá "la autoridad competente". Es decir, todavía no saben si el alcohol estaba adulterado, pero ya salieron a revisar. Primero el operativo, luego la certeza: el método científico, pero al revés. Lo mejor vino en la letra chiquita: aseguró que ya saben que hay "una marca en específico" en el mercado, aunque la revisión "va a ser en general". Sabemos quién fue, pero vamos a interrogar a todos. Una redada con nombre y apellido disfrazada de inspección democrática.

Mientras la fiscalización huele botellas, el IMSS se lava las manos con gel antibacterial y dice que por su puerta no pasó nadie. Y ahí está el ciudadano de Celaya, a media cantina, sin saber si su caballito viene con marbete original o con sorpresa. La recomendación oficial, leída entre líneas, es sencilla: desconfíe de todo, tome con miedo y, si se siente mal, mejor ni pregunte, porque en el registro no aparece.

Ojalá el desenlace sea que nadie salió lastimado y que ambas dependencias tengan razón a medias. Pero mientras tanto queda la postal más guanajuatense posible: un gobierno persiguiendo una botella que aún no comprueba culpable, y otra institución jurando que el paciente que la fiscalización dice tener grave, en realidad no existe. La verdad, como el marbete, sigue pendiente de verificación.