El regreso a clases trae útiles, uniformes y, últimamente, una nueva materia obligatoria: resistencia burocrática. El culebrón del examen de admisión universitario suma capítulos con la constancia de una telenovela de horario estelar. Primero la suspensión de la prueba; luego los amparos, de los cuales ya se desechó el primero; y de fondo, una empresa señalada por una aplicación fallida que, para redondear la trama, también trabaja con el instituto electoral. Nada como diversificar clientes cuando el producto no acaba de funcionar.

En medio del guion está el aspirante de carne, hueso y tarjeta de débito. Uno de ellos, Gabriel, cuenta que permaneció diez días en la capital, fue reasignado a Tijuana y calcula que gastará hasta trece mil pesos para volver a intentar un trámite que, en teoría, sirve para abrirle la puerta al estudio. Trece mil pesos: el costo de un semestre de resiliencia anticipada, becada por la angustia.

Lo notable es la geografía del absurdo. A un joven que quiere entrar a la universidad se le pasea de un extremo del país al otro como paquetería institucional, con la diferencia de que el paquete paga su propio envío. Si el objetivo era evaluar aptitudes, ya sabemos que estos aspirantes tienen de sobra tolerancia a la frustración, capacidad logística y músculo financiero improvisado.

Dicen los especialistas que la ansiedad del regreso a clases ya no es exclusiva de los niños. Claro que no: con sedes que cambian, exámenes que se caen y facturas que suben, el nudo en el estómago es un requisito de inscripción. En el Destiempo proponemos una reforma sencilla: que el examen mida lo único que de verdad se está examinando aquí, la paciencia. Ahí todos sacarían diez.