El niño que fue con la maestra de Washington
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Hay reclamos que se resuelven en casa, y hay quien prefiere tocar la puerta del vecino grande y armado. El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del INE, luego de que el instituto resolviera prohibir expresiones como 'narcopartido', 'narcodictadura' y 'Cártel de Morena' por considerar que podrían constituir fabricación de delitos. Es decir: al político mexicano le taparon la boca en México y, en lugar de apelar en México, se fue a acusar a México con el Tío Sam. Muy soberano todo.
El detalle jurídico es de coleccionista: pidió que se revise a Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, esa ley diseñada para sancionar violaciones graves a derechos humanos y corrupción en el mundo, aquí invocada porque a un señor no lo dejaron decir una palabra compuesta. Del genocidio a los memes bloqueados, todo cabe en un formulario si lo llenas con suficiente indignación.
Como precedente, Moreno citó que en julio de 2025 las autoridades estadounidenses habrían sancionado al juez brasileño Alexandre de Moraes. La estrategia es transparente: si funcionó allá, a ver si de rebote cae algo acá. Lo entrañable es el nacionalismo intermitente de nuestra clase política, que jura defender la soberanía en cada spot y la subcontrata en cuanto se siente ofendida. Nada dice 'confío en las instituciones de mi país' como brincártelas todas y aterrizar en un mostrador de Washington.
El fondo del asunto —qué se puede o no decir en campaña— es una discusión legítima que en cualquier democracia se ventila ante tribunales, consejos y, eventualmente, el electorado. Pero eso es lento, aburrido y no sale en la prensa internacional. En cambio, una denuncia con nombre en inglés garantiza titular. Que prospere o no, ya es lo de menos: el objetivo parecía ser el trámite, no el resultado. Y en eso, hay que reconocerlo, salió redondo.
Mientras tanto, en Guanajuato seguimos esperando que esa misma pasión por acudir a instancias superiores se aplique, no sé, a los baches, al transporte o al drenaje. Pero para eso no hay ley Magnitsky. Lástima.
El detalle jurídico es de coleccionista: pidió que se revise a Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, esa ley diseñada para sancionar violaciones graves a derechos humanos y corrupción en el mundo, aquí invocada porque a un señor no lo dejaron decir una palabra compuesta. Del genocidio a los memes bloqueados, todo cabe en un formulario si lo llenas con suficiente indignación.
Como precedente, Moreno citó que en julio de 2025 las autoridades estadounidenses habrían sancionado al juez brasileño Alexandre de Moraes. La estrategia es transparente: si funcionó allá, a ver si de rebote cae algo acá. Lo entrañable es el nacionalismo intermitente de nuestra clase política, que jura defender la soberanía en cada spot y la subcontrata en cuanto se siente ofendida. Nada dice 'confío en las instituciones de mi país' como brincártelas todas y aterrizar en un mostrador de Washington.
El fondo del asunto —qué se puede o no decir en campaña— es una discusión legítima que en cualquier democracia se ventila ante tribunales, consejos y, eventualmente, el electorado. Pero eso es lento, aburrido y no sale en la prensa internacional. En cambio, una denuncia con nombre en inglés garantiza titular. Que prospere o no, ya es lo de menos: el objetivo parecía ser el trámite, no el resultado. Y en eso, hay que reconocerlo, salió redondo.
Mientras tanto, en Guanajuato seguimos esperando que esa misma pasión por acudir a instancias superiores se aplique, no sé, a los baches, al transporte o al drenaje. Pero para eso no hay ley Magnitsky. Lástima.