Hay algo profundamente poético en que Alejandro 'Alito' Moreno, senador y líder nacional del PRI, se convierta a estas alturas en defensor de la libertad frente al INE. El hombre que conoce cada tornillo de la maquinaria electoral mexicana, que vivió del sistema como pez en el agua, ahora acude al Departamento de Estado de Estados Unidos a denunciar a tres consejeros —Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga— por presunta censura, y no con cualquier oficio: invocando la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.

Conviene explicar la magnitud del gesto. La ley Magnitsky se diseñó para congelarle las cuentas y negarle la visa a torturadores, a responsables de desapariciones, a cleptócratas que saquean naciones enteras. Aquí se usa para pedir que le pongan una regañiza internacional a tres funcionarios electorales que, presumiblemente, no lo dejaron decir algo en la tele. Es traer un bazuca a una discusión de asamblea vecinal.

El fondo es aún más sabroso. Un priista quejándose de censura tiene el mismo encanto que un gato dando cátedra sobre los derechos del canario. Y correr a Washington a pedir sanciones contra árbitros mexicanos, en pleno discurso nacional de soberanía, es un giro que ni el mejor guionista de telenovela se habría atrevido a escribir: el nacionalista que denuncia a su propio país ante el vecino del norte cuando pierde la mano.

Habrá que ver qué opina el Departamento de Estado, que tiene la bandeja de entrada un poco ocupada con asuntos de verdad. Lo más probable es que la denuncia termine donde terminan estas cosas: en un comunicado, un trending topic de tres horas y una foto con cara de estadista incomprendido. Mientras tanto, el INE seguirá contando votos y el líder priista seguirá contando las maneras de mantenerse en el noticiero. Cada quien defiende la democracia como puede: unos organizando elecciones, otros pidiendo que sancionen a quienes las organizan.