Bienvenidos al drama hidráulico con más temporadas que telenovela de las siete: el cobro del Siapa. El gobernador Pablo Lemus se declaró "verdaderamente decepcionado" —su estado emocional predeterminado— porque Tlaquepaque y Tonalá se niegan a acordar el pago de adeudos históricos que el organismo calcula en 260 y 90 millones de pesos, respectivamente. La queja tiene su lógica interna impecable: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y hasta la UdeG ya se comprometieron a saldar, pero en los municipios alfareros la cuenta trae más vueltas que fuga en tubo viejo.

El argumento estelar de los ayuntamientos es la contabilidad de la negación: nadie quiere reconocer los pasivos de las administraciones anteriores. Es el equivalente político de llegar a una casa rentada, encontrar la luz cortada y decir "eso lo dejó el inquilino pasado, yo apenas llegué". Tonalá presume un abono de 3.3 millones de pesos —un gesto que ante una deuda de 80 millones es como escupir en un incendio y sentirse bombero— y de paso pide que revisen las cuentas asignadas a otras dependencias, la maniobra clásica del "a ese cóbrenle primero". Tlaquepaque, por su parte, jura por lo más sagrado que ya pagó su parte ante el Tribunal y exige el mismo trato que reciben los municipios de Movimiento Ciudadano.

Mientras tanto, el Siapa, con cara de casero paciente, amaga con suspender el servicio a los morosos. Y aquí la escena alcanza su clímax surrealista: cortarle el agua a colonias que llevan meses recibiéndola con sabor, color y aroma a río Santiago sería, en estricto sentido, cambiar una humillación por otra. El vecino promedio observa el pleito de titanes sin agua limpia en la llave y con una certeza cristalina: en esta metrópoli, lo único que fluye sin interrupción, con buena presión y calidad garantizada, es el reproche.