Que quede para la posteridad y para los cursos de ética: en Guanajuato, hacer el bien es una actividad de alto riesgo jurídico. Lo cuenta el colectivo Nahuales, que expuso el caso de Marcos, un rescatista independiente de León que se enteró de que una perrita presuntamente vivía en maltrato —según el colectivo, con la boquita amarrada para que no se oyeran sus lamentos— y, como cualquier alma con corazón, fue y pidió que se la entregaran. La familia accedió a soltarla. Hasta ahí, la historia era bonita, de esas que uno reenvía por WhatsApp con tres emojis de carita llorando.

El giro de guion llegó después: esa misma familia, cuentan, acudió a poner una denuncia contra el rescatista para recuperar al animal. Léalo otra vez, despacio, porque es de coleccionar. El que sacó a la perrita del maltrato es el que hoy tiene que ir a explicarse ante la autoridad; el que la tenía es el que reclama sus derechos de propiedad como si se tratara de una licuadora prestada. Justicia poética no, pero justicia burocrática de la más pura cepa.

Uno entiende que la ley es la ley y que un animal, tristemente, todavía figura en muchos papeles como 'bien'. Pero ahí está justo el chiste amargo: tenemos un sistema tan aceitado para proteger la posesión que se mueve rapidísimo cuando alguien quiere recuperar a un perro, y se vuelve tortuga cuando lo que hay que proteger es al perro. El trámite corre; la compasión hace fila.

Moraleja para el ciudadano de a pie que este fin de semana piense en ser héroe: rescate, sí, pero con testigos, video en alta definición, notario de guardia y, ya encarrerados, un abogado en el asiento del copiloto. Porque en esta tierra de milagros el que rescata es el que se amuela, y el que amarraba la boquita se va a su casa muy tranquilo a esperar su comparecencia... del otro. Bendito Bajío, donde hasta la bondad necesita ampararse.