Olvídese de la Bolsa, de las criptomonedas y de los bienes raíces. El negocio con mejores márgenes en la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene ruedas, gancho y luz ámbar: la grúa. Se documenta que hasta diez motocicletas por viaje son remolcadas al corralón, y que sus dueños las reciben de vuelta con más golpes de los que llevaban al salir. Un modelo redondo: usted comete la infracción, ellos hacen la utilidad, y la moto pone las magulladuras.

Aplicar la ley, que debería ser un servicio público, se transformó en una máquina de facturar con una eficiencia que ya quisieran las startups de Silicon Valley. Piénselo: no necesita inventar un producto, ni convencer a un cliente, ni hacer publicidad. El cliente llega solo, obligado, y encima paga la grúa, el corralón y la reparación de los daños que le hicieron mientras lo ayudaban a cumplir la norma.

Nadie discute que las motos deban respetar el reglamento —de hecho, allá arriba el Congreso federal ya quiere regularlas en todo el país, y en Jalisco lo pueden multar hasta por manejar en chanclas—. El problema no es la regla, es la sospecha de que la regla se aplica menos para ordenar el tránsito y más para llenar una caja. Cuando la seguridad vial se mide en unidades remolcadas por jornada, algo se descompuso en el propósito.

El motociclista tapatío vive así una versión moderna del castigo bíblico: infringe, lo remolcan, paga, recupera su vehículo abollado y vuelve a la calle, donde probablemente lo espera otra grúa. Un círculo virtuoso —para la grúa— y vicioso para todos los demás.

Que se respete la ley, faltaba más. Pero que se note que el objetivo es la calle segura y no la caja registradora. Porque si diez motos por viaje regresan más golpeadas de lo que se fueron, lo único que quedó perfectamente aplicado fue la tarifa.