El padrón de franeleros: ahora con revisión de antecedentes penales
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Guanajuato acaba de regalarnos uno de esos documentos que definen a una civilización. En Celaya, la Fiscalización municipal depuró el padrón de franeleros: de 116 registros vigentes pasó a 107, luego de que nueve quedaran fuera por antecedentes penales. Léalo despacio, porque cada palabra vale oro.
Primero: existe un padrón oficial de franeleros. Es decir, el gremio del trapo rojo tiene registro, número y expediente municipal. El señor que le "aparta" el lugar en la vía pública —que es de todos y de nadie— no es un espontáneo del asfalto: es un profesional dado de alta. Uno pensaba que cuidaba coches por vocación libre; resulta que lo hace con credencial.
Segundo, y aquí viene lo sublime: al padrón le revisaron antecedentes. Nueve aspirantes al noble oficio de silbar y señalar huecos imaginarios no pasaron el filtro. Con lo cual el municipio nos confirma algo que sospechábamos en el fondo del alma: cuidar coches ajenos a cambio de una moneda "voluntaria" es una actividad que, por prudencia, conviene certificar. La depuración deja al ciudadano un mensaje ambivalente pero honesto: los 107 que quedan están, digamos, avalados. Ya puede usted entregarle las llaves del alma a alguien con hoja de servicio limpia.
Lo que nadie explicó es cuál es el examen de admisión. ¿Se evalúa la puntería del silbato? ¿La creatividad para inventar un lugar donde no cabe ni una bicicleta? ¿La firmeza al cobrar por un servicio que nadie pidió? Porque si vamos a tener un padrón, exijamos rigor: certificación por niveles, curso de actualización, quizá un diplomado en "gestión emocional del que no quiere pagar".
Bromas aparte, la historia tiene su lado revelador. Que una ciudad necesite fiscalizar, registrar y filtrar penalmente a quienes se apropian de la calle para cobrar estacionamiento dice mucho de cómo se administra el espacio público en el Bajío: en lugar de recuperarlo, se reglamenta a quien lo ocupa. Es el triunfo definitivo de la burocracia sobre el sentido común. No quitamos el problema; le sacamos su padrón, lo depuramos y lo dejamos operando, ahora con buena conducta comprobada. Bienvenidos al orden.
Primero: existe un padrón oficial de franeleros. Es decir, el gremio del trapo rojo tiene registro, número y expediente municipal. El señor que le "aparta" el lugar en la vía pública —que es de todos y de nadie— no es un espontáneo del asfalto: es un profesional dado de alta. Uno pensaba que cuidaba coches por vocación libre; resulta que lo hace con credencial.
Segundo, y aquí viene lo sublime: al padrón le revisaron antecedentes. Nueve aspirantes al noble oficio de silbar y señalar huecos imaginarios no pasaron el filtro. Con lo cual el municipio nos confirma algo que sospechábamos en el fondo del alma: cuidar coches ajenos a cambio de una moneda "voluntaria" es una actividad que, por prudencia, conviene certificar. La depuración deja al ciudadano un mensaje ambivalente pero honesto: los 107 que quedan están, digamos, avalados. Ya puede usted entregarle las llaves del alma a alguien con hoja de servicio limpia.
Lo que nadie explicó es cuál es el examen de admisión. ¿Se evalúa la puntería del silbato? ¿La creatividad para inventar un lugar donde no cabe ni una bicicleta? ¿La firmeza al cobrar por un servicio que nadie pidió? Porque si vamos a tener un padrón, exijamos rigor: certificación por niveles, curso de actualización, quizá un diplomado en "gestión emocional del que no quiere pagar".
Bromas aparte, la historia tiene su lado revelador. Que una ciudad necesite fiscalizar, registrar y filtrar penalmente a quienes se apropian de la calle para cobrar estacionamiento dice mucho de cómo se administra el espacio público en el Bajío: en lugar de recuperarlo, se reglamenta a quien lo ocupa. Es el triunfo definitivo de la burocracia sobre el sentido común. No quitamos el problema; le sacamos su padrón, lo depuramos y lo dejamos operando, ahora con buena conducta comprobada. Bienvenidos al orden.