Michoacán podría estar a punto de darle rango legal a una realidad que muchas familias ya viven en carne propia: la posibilidad de extender la obligación alimentaria de los padres hasta que los hijos cumplan 25 años. La propuesta, hoy en estudio en el Congreso, se apoya en el argumento comparativo de que en otros países la cosa va todavía más lejos —en Chile se sostiene hasta los 21 y puede estirarse a los 28—, como si estuviéramos en una competencia internacional por ver quién tarda más en soltarle la manutención a la juventud.

Uno entiende el fondo humano: la escuela cuesta, el trabajo escasea y la vida está carísima, eso no lo discute nadie con dos dedos de frente. El problema es la estampa que produce la letra fría de la ley. Imagínese usted a un joven de veinticuatro años, con licencia de conducir, opiniones firmes sobre política internacional y barba de tres días, que legalmente sigue teniendo derecho a que le pasen el gasto. Es la mayoría de edad con asterisco, la independencia con ruedas de entrenamiento.

Y luego está el otro lado del mostrador: los padres, que ya hacían cuentas para llegar a la jubilación y ahora descubren que la paternidad podría venir con garantía extendida, como pantalla de plasma. La iniciativa todavía está en estudio, así que hay tiempo para pulir los detalles finos —quién califica, hasta cuándo, bajo qué condiciones—, esos matices que separan una buena intención de una eterna. Por lo pronto, la juventud michoacana observa la discusión con esperanza y los padres con la calculadora en la mano. Nadie está en contra de proteger a los hijos; la duda, muy legítima, es hasta qué edad seguimos llamándolos hijos y a partir de cuál empezamos a llamarlos, con todo respeto, adultos.