Mientras la Zona Metropolitana discute si le alcanza el agua para la próxima semana, en el Congreso de Jalisco discuten algo mucho más urgente: si le alcanza el sueldo a los diputados para el próximo año. El anteproyecto de presupuesto 2027 del Poder Legislativo contempla poco más de mil 144 millones de pesos, un 3.5 por ciento más que este año, unos 34.6 millones adicionales que seguramente encontrarán un destino noble y perfectamente justificado.

Dentro del paquete asoma el detalle más entrañable: la posibilidad de aumentar las dietas de los 38 legisladores. Hoy cobran alrededor de 109 mil pesos brutos al mes, cifra que a cualquier trabajador promedio de Jalisco le parecería un premio de la lotería, y que ellos contemplan estirar a unos 112 mil, porque la inflación —esa que legislan, vigilan y lamentan— también toca a la puerta de la curul. Es tranquilizador saber que, en un estado donde los cortes de agua se cuentan por cientos de quejas y los tráileres de huachicol aparecen sin dueño, hay una partida presupuestal que sí tiene responsable puntual, rostro conocido y depósito quincenal garantizado.

El argumento técnico es impecable en su circularidad: se toma como referencia el presupuesto del año anterior y se le aplica un 3.5 por ciento, ese porcentaje mágico que aparece para los sueldos propios con mucha más facilidad que para los servicios públicos ajenos. Un incremento austero, dirán; austero para quien ya tiene, que es distinto.

Y como el apetito presupuestal es contagioso, allá arriba el INE pidió 31 mil 431 millones de pesos para 2027 y propuso repartir otros diez mil 842 entre los ocho partidos, con Morena a la cabeza recibiendo la tajada mayor por su votación. La democracia mexicana, se ve, es un servicio premium: caro de sostener, imposible de cancelar y con renovación automática. El ciudadano, mientras tanto, sigue haciendo cuentas para el garrafón y esperando su turno para que a él también le apliquen, aunque sea una vez, ese generoso 3.5 por ciento.