En San Pedro detuvieron a un hombre de treinta y dos años que trabajaba de escolta y portaba un arma de fuego con un pequeño detalle administrativo: el permiso llevaba vencido desde 2024. Dos años. Dos calendarios completos trayendo pistola al cinto con los papeles más caducos que un yogurt olvidado en el fondo del refri.

La escena la completa el vestuario clásico del gremio: camioneta con vidrios polarizados circulando sobre Morones Prieto, porque un escolta que se respete no anda en bicicleta ni con las ventanas abajo saludando vecinos. La policía municipal lo detectó, lo revisó y encontró la joya: el arma en regla de aspecto, pero fuera de la ley en el papel. Es la metáfora perfecta de cierto profesionalismo local: la pinta impecable, la logística intachable, y el trámite, ese eterno olvidado, tomándose una siesta de veinticuatro meses.

Uno entiende la ironía en toda su gloria. El hombre estaba contratado, presumiblemente, para proteger a alguien de los imprevistos. Para anticiparse al peligro, para no dejar cabos sueltos. Y resulta que el único cabo suelto en toda la ecuación era él mismo y su licencia difunta. Cuidaba una vida ajena con un permiso que ya no cuidaba ni el suyo. En San Pedro, donde todo brilla y todo se ve caro, hasta la seguridad privada tiene sus fechas de caducidad. La próxima vez, señores del ramo, agenden un recordatorio: renovar permiso antes de renovar los polarizados.