Urbanismo de Celaya instaló 32 señalamientos para personas con discapacidad visual en el bulevar López Mateos. Placas con información útil: ubicación, nombres de calles, esa clase de datos que orientan a quien no puede leerlos con la vista. Detalle: de los 32, solo 13 fueron validados. Los otros 19 estaban mal escritos.

Deténgase un segundo a saborearlo. El único tipo de señalización cuya razón de existir es que la información esté impecable —porque la lee gente que depende por completo de ese texto— salió con casi dos tercios de errores. Es como imprimir un mapa donde la mitad de los nombres están cambiados y entregárselo a alguien que camina a oscuras. La buena noticia es que hubo intención. La mala es que la ejecución convirtió una herramienta de accesibilidad en una trampa con relieve.

Uno imagina la junta donde revisaron el trabajo: alguien contó 13 correctas, alguien más celebró que ya casi, y nadie se atrevió a decir en voz alta que instalar guías defectuosas para quien no puede corregirlas de un vistazo no es un avance, es un riesgo con presupuesto. Porque estas placas cuestan, se colocan con bombo de obra pública y se presumen como logro de inclusión.

La accesibilidad no es un adorno que se pone para la foto y se revisa después. Un señalamiento mal escrito para una persona vidente es una molestia; para una persona con discapacidad visual puede ser desorientación pura. La diferencia entre un servicio y un obstáculo, aquí, cabe en una letra mal puesta.

Ojalá los 19 restantes se corrijan pronto y sin nuevo boletín triunfal. Y ojalá quede la lección: cuando se hace algo para incluir a alguien, lo mínimo es preguntarle a ese alguien si sirve. Instalar accesibilidad sin verificarla es como poner una rampa que termina en escalón y, arriba, de premio, un letrero que dice ‘bienvenido’… mal escrito.