Hay récords deportivos y hay récords de resistencia burocrática. Rubén Rocha Moya acaba de imponer uno inédito: gobernar Sinaloa por horas. El mandatario regresó a su despacho el viernes, tras 112 días separado del cargo, y para el sábado —apenas unas 34 horas después— ya había vuelto a pedir licencia. Entró, saludó, revisó que la silla siguiera ahí y se despidió otra vez. Un gobernador que hace guardia como quien pasa a recoger un paquete.

La solicitud, eso sí, viene con toda la elegancia del lenguaje jurídico: "licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días". Temporal pero indefinida; ausente pero no renunciante. Es el estado de la materia más difícil de la política mexicana: estar y no estar al mismo tiempo, ocupar el cargo sin ocuparlo, como el gato de Schrödinger pero con escoltas.

Desde arriba, la presidenta Claudia Sheinbaum le puso el moño: "igual que tomó la decisión personal de regresar", fue una decisión personal irse, y "creo que fue lo mejor para Sinaloa". Todo, aclaró, sin afectar al movimiento. Cuando lo mejor que se puede decir de un regreso es lo bueno que fue la despedida, algo dice el termómetro.

La oposición, por su parte, no compró el boleto de ida y vuelta. Movimiento Ciudadano resumió el ánimo en cuatro palabras —"no basta una licencia"— y remató con que "Rocha debe ser juzgado". El PRI subió la apuesta pidiendo entregarlo, y un excandidato presidencial llegó a proponer una "purga" en policías, fiscalía y Ministerio Público. En medio del alboroto, el propio gobernador insiste en que no existe evidencia que lo señale de delito alguno, y la Fiscalía General guarda un silencio tan largo que ya parece parte del paisaje.

Queda entonces el Congreso local decidiendo quién ocupa la silla que su titular apenas calentó, mientras Sinaloa aprende una nueva forma de gobierno: la del funcionario que administra a control remoto y aparece en persona sólo el tiempo justo para volver a irse. Ir y venir es humano; hacerlo en un fin de semana, con acta de por medio, ya es arte.