En un país donde a los candidatos se les pide de todo menos vergüenza, un gobernador poblano decidió subir la vara —o bajarla, según se vea— y respaldó la idea de hacer obligatorio el antidoping para quienes aspiren a un cargo de elección popular. Hasta ahí, propuesta razonable. El problema, como siempre, estuvo en la conferencia matutina, ese confesionario donde los funcionarios revelan más de lo que creen.

El mandatario anunció que se someterá él mismo a la prueba para 'poner el ejemplo', y remató con la frase que ya vive en la eternidad del internet: 'Yo me hago el antidoping. Lo único que va a salir es exceso de pozole y de coloradas.' Entre risas, prometió hacérselo incluso antes de que la medida sea obligatoria. Un gesto de transparencia conmovedor: por fin un político dispuesto a rendir cuentas, aunque sea de su ingesta de granos de maíz.

Hay que reconocer el ingenio. En una clase política donde los requisitos suelen consistir en tener la foto correcta y el padrino adecuado, proponer que los aspirantes demuestren que no consumen sustancias ilegales es casi revolucionario. El detalle es que la sospecha pública rara vez apunta a lo que un candidato inhala; apunta a lo que firma, a quién le debe el puesto y a de dónde salió la casa. Contra eso no hay muestra de orina que alcance.

La propuesta llega, además, en un momento en que otro gobernador del Bajío promueve su propio protocolo de requisitos —declaraciones patrimoniales, cuentas en el extranjero, criptomonedas— para blindar las candidaturas del crimen organizado. Es decir, el mercado de los filtros morales está en plena expansión: cada quien inventa el suyo, todos suenan bien en cámara y ninguno explica por qué, con tanto filtro, seguimos colando lo que colamos.

Ojalá el antidoping prospere. Ojalá salga positivo el pozole, negativo lo demás y, ya encarrerados, ojalá inventen una prueba que detecte la sustancia realmente peligrosa en la política mexicana: la ambición sin proyecto. Esa sí que da positivo en todos, y nadie ha querido hacerse el examen.