Polígrafo, antidoping y buena letra: el nuevo requisito para 2027
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Se acerca el proceso electoral y con él la temporada de propuestas creativas. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, planteó establecer un protocolo contra narcocandidatos que incluiría filtros dignos de casting de reality: prueba de polígrafo, antidoping y declaraciones patrimoniales y de intereses para quienes busquen una candidatura. La presidenta Claudia Sheinbaum despachó la idea con una sola palabra: politiquería, argumentando que si hay pruebas sobre presuntos vínculos ilícitos de algún aspirante, esas deben presentarse ante las autoridades correspondientes.
El debate tiene su encanto. Por un lado, la promesa de un aspirante conectado a una máquina que detecta mentiras suena, en la política mexicana, a experimento de alto riesgo: existe el temor razonable de que el aparato pida vacaciones a la primera respuesta. Por el otro, la objeción presidencial también hace sentido: la ley ya tiene sus mecanismos, y suplirlos con un examen de feria puede ser más espectáculo que garantía.
Mientras la disputa conceptual se desarrolla arriba, abajo alguien ya tomó la propuesta al pie de la letra. En Puebla, el presidente del Congreso local, Pavel Gaspar, anunció que se hará una prueba antidoping y exhortó a los aspirantes de 2027 a imitarlo, luego del llamado del gobernador Alejandro Armenta para que quienes busquen una candidatura acrediten que no consumen sustancias ilícitas. Con mucho gusto, dijo, y confirmó que ya hay legisladores que se formaron en la fila del frasco.
Aquí nace la estampa más entrañable de la precampaña: políticos haciendo cola, cual regreso a clases, para entregar su muestra y su certificado de buena conducta. Es el nuevo kit escolar del aspirante: gafete, comprobante de domicilio patrimonial y un papelito que jura pulcritud. Faltará, para completar el cuadro, la firma del tutor y la foto tamaño infantil.
El fondo, sin embargo, no da tanta risa. Que la clase política discuta cómo demostrar que no está infiltrada por el crimen dice más de la época que cualquier chiste. Unos proponen máquinas, otros invocan a la ley, y todos coinciden, al menos en el discurso, en que la duda existe. Ojalá el examen definitivo —el de resultados en seguridad— no se resuelva también con un frasco y una promesa. Ese, por desgracia, no se aprueba con buena letra.
El debate tiene su encanto. Por un lado, la promesa de un aspirante conectado a una máquina que detecta mentiras suena, en la política mexicana, a experimento de alto riesgo: existe el temor razonable de que el aparato pida vacaciones a la primera respuesta. Por el otro, la objeción presidencial también hace sentido: la ley ya tiene sus mecanismos, y suplirlos con un examen de feria puede ser más espectáculo que garantía.
Mientras la disputa conceptual se desarrolla arriba, abajo alguien ya tomó la propuesta al pie de la letra. En Puebla, el presidente del Congreso local, Pavel Gaspar, anunció que se hará una prueba antidoping y exhortó a los aspirantes de 2027 a imitarlo, luego del llamado del gobernador Alejandro Armenta para que quienes busquen una candidatura acrediten que no consumen sustancias ilícitas. Con mucho gusto, dijo, y confirmó que ya hay legisladores que se formaron en la fila del frasco.
Aquí nace la estampa más entrañable de la precampaña: políticos haciendo cola, cual regreso a clases, para entregar su muestra y su certificado de buena conducta. Es el nuevo kit escolar del aspirante: gafete, comprobante de domicilio patrimonial y un papelito que jura pulcritud. Faltará, para completar el cuadro, la firma del tutor y la foto tamaño infantil.
El fondo, sin embargo, no da tanta risa. Que la clase política discuta cómo demostrar que no está infiltrada por el crimen dice más de la época que cualquier chiste. Unos proponen máquinas, otros invocan a la ley, y todos coinciden, al menos en el discurso, en que la duda existe. Ojalá el examen definitivo —el de resultados en seguridad— no se resuelva también con un frasco y una promesa. Ese, por desgracia, no se aprueba con buena letra.