Las matemáticas de la cruda salieron caras. Organizaciones de la Alianza por la Justicia Fiscal advierten que México gasta hasta 9.5 pesos en daños asociados al alcohol por cada peso que recauda gravándolo. Léalo despacio: por cada peso que entra a la alcancía, salen casi diez por la puerta de urgencias. Si un negocio operara con ese margen, ya habría cerrado; el Estado, en cambio, lo llama política fiscal y brinda por ello.

Bajo el lema 'Sin impuestos no hay derechos', las organizaciones exigen una reforma tributaria de 'impuestos saludables' al tabaco y al alcohol, ante un sistema de salud que recibe apenas 2.8% del PIB cuando la Organización Mundial de la Salud sugiere 6% para garantizar acceso universal. Es decir: financiamos la mitad de la mitad de lo recomendable y luego nos sorprende que el sistema ande con suero y buenos deseos. El presupuesto sanitario mexicano lleva años a dieta, mientras la factura de la fiesta nacional engorda sin parar.

Hay algo poéticamente absurdo en el arreglo. El erario cobra una módica cuota por cada botella, se declara satisfecho, y meses después paga la reconstrucción del hígado, del accidente y de la cama de hospital con recursos que ya no alcanzaban ni para el paracetamol. Es la ronda que sale carísima: uno invita la primera copa creyendo que hace negocio, y termina cubriendo la cuenta entera de la mesa, incluidos los que se fueron sin despedirse.

El punto de las organizaciones no es prohibicionista ni mojigato; es contable. Un impuesto que no cubre el daño que ayuda a producir no es un ingreso, es un descuento disfrazado. Y mientras tanto, el eslogan queda flotando como advertencia de cantina: sin impuestos no hay derechos, y sin derechos, resulta, tampoco hay quien pague la próxima ronda. La cuenta ya llegó; falta ver quién junta para la propina.