Monterrey y el Gobierno estatal protagonizan el pleito más regiomontano posible: no por territorio, no por ideología, sino por 313.5 millones de pesos. El municipio presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, asegurando que el Estado retiene ese dinero del Fondo de Desarrollo Municipal. El Estado, con la serenidad de quien ya escuchó ese reclamo en la cena de Navidad, respondió: no debemos nada. Y remató con la estocada clásica del que sí debe algo: es más, ustedes nos deben 9.3 millones por pruebas de confianza.

Es la coreografía del "tú empezaste" elevada a denuncia penal. Dos gobiernos que comparten ciudad, contribuyentes y baches se acusan de esconderse la mesada y, en vez de sentarse a revisar un Excel —herramienta que, se rumora, existe—, convocan a la Fiscalía. Nada moviliza tanto al aparato anticorrupción como dos oficinas peleándose por quién paga la gasolina. Mientras tanto, el ciudadano, que aportó cada uno de esos millones con su tenencia, su predial y su fe, observa cómo su dinero se convierte en carpeta de investigación.

Lo entrañable es el timing: todo esto ocurre a días de que arranque la discusión del Presupuesto 2027, esa mesa a la que el PRI y el PAN ya avisaron que no llegarán hasta que el Estado suelte 1,200 millones que, dicen, debe a los municipios. O sea que la reunión para construir el presupuesto del futuro se cancela por deudas del pasado, en un presente donde nadie reconoce deber nada. Un ouroboros fiscal: la serpiente presupuestal mordiéndose la cola con recibo de por medio.

Si el matrimonio Estado-Monterrey siguiera junto por los hijos —los contribuyentes—, ya les habrían recomendado terapia. Pero aquí la terapia se llama Fiscalía, el consejero se llama juez y la reconciliación tiene fecha de audiencia. Que alguien traiga las pruebas de confianza; parece que hacen falta más que nunca.