El INE quería medir la ironía: buena suerte con eso
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Imagínese usted la escena en las oficinas del árbitro electoral: una sala llena de gente seria, con presupuesto público y cara de circunstancia, discutiendo cómo instalar un termómetro nacional para la burla. No es distopía barata: se propuso, con todas sus letras, monitorear las expresiones de ironía y sarcasmo en los medios de comunicación de cara al proceso de 2027. Sí, leyó bien. En un país donde el chiste político es prácticamente un servicio de agua potable —llega intermitente pero siempre necesario—, alguien pensó que la solución era ponerle medidor.
El Tribunal Electoral, en un raro momento de sentido común aplicado, rechazó la propuesta por considerarla demasiado general. Traducción del lenguaje jurídico al cristiano: la norma era tan amplia que con ella se podía sancionar desde una columna filosa hasta un meme del compadre en el grupo de WhatsApp. Y ahí está el chiste involuntario, el más fino de todos: para que una ironía se entienda hace falta inteligencia y un código compartido entre quien la lanza y quien la recibe. O sea, el requisito mínimo para monitorear la burla es precisamente el que suele escasear en quienes quieren monitorearla.
Uno agradece el detalle poético. Reírse de los políticos —electos, en campaña o en plena rendición de cuentas con imitadora incluida— no es un capricho de este changarro: es un pilar de la libertad de expresión que sostiene cualquier democracia que se respete. El solo hecho de plantear que una autoridad, la que sea, vigile el sarcasmo ya habla de un apetito de control que debería darnos escalofríos, no risa. Pero como aquí nos dedicamos a lo segundo, aprovechamos mientras se pueda.
Que quede el consuelo, entonces: por ahora la carcajada sigue sin retención de ISR y sin inspector con tablita. Nada garantiza que la ocurrencia no regrese disfrazada de otra reforma, así que este periódico se compromete a seguir generando material gravable por si algún día deciden cobrarlo. Cuando llegue el auditor de chistes, que traiga sentido del humor: es el único requisito que no le vamos a poder prestar.
El Tribunal Electoral, en un raro momento de sentido común aplicado, rechazó la propuesta por considerarla demasiado general. Traducción del lenguaje jurídico al cristiano: la norma era tan amplia que con ella se podía sancionar desde una columna filosa hasta un meme del compadre en el grupo de WhatsApp. Y ahí está el chiste involuntario, el más fino de todos: para que una ironía se entienda hace falta inteligencia y un código compartido entre quien la lanza y quien la recibe. O sea, el requisito mínimo para monitorear la burla es precisamente el que suele escasear en quienes quieren monitorearla.
Uno agradece el detalle poético. Reírse de los políticos —electos, en campaña o en plena rendición de cuentas con imitadora incluida— no es un capricho de este changarro: es un pilar de la libertad de expresión que sostiene cualquier democracia que se respete. El solo hecho de plantear que una autoridad, la que sea, vigile el sarcasmo ya habla de un apetito de control que debería darnos escalofríos, no risa. Pero como aquí nos dedicamos a lo segundo, aprovechamos mientras se pueda.
Que quede el consuelo, entonces: por ahora la carcajada sigue sin retención de ISR y sin inspector con tablita. Nada garantiza que la ocurrencia no regrese disfrazada de otra reforma, así que este periódico se compromete a seguir generando material gravable por si algún día deciden cobrarlo. Cuando llegue el auditor de chistes, que traiga sentido del humor: es el único requisito que no le vamos a poder prestar.