Hay historias que parecen diseñadas para ilustrar un manual de cómo no hacer las cosas, y esta es una de ellas. En Guadalajara, un sujeto fue sorprendido en flagrancia afuera de una vivienda, con los objetos robados en la mano, y detenido en el acto por policías municipales. El caso, en cualquier país con sistema operativo funcional, terminaría con el ratero explicándole sus decisiones a un juez. En el nuestro, terminó con el ratero de regreso en la calle por errores procesales.

La secuencia es para enmarcarla. El imputado debía presentarse a una audiencia de formulación de imputación y, oh sorpresa, no acudió —porque los delincuentes son notoriamente puntuales con sus citas judiciales—. El Ministerio Público pidió entonces una orden de aprehensión para ir por él. ¿La respuesta del juez encargado? Hasta ahora, ninguna: no ha resuelto si la concede. Tampoco aprobó prisión preventiva para evitar que se fugara. Es decir, el sistema construyó cuidadosamente todas las condiciones para que el detenido pudiera despedirse con la mano.

Uno entiende ahora por qué la Fiscalía celebra con tanto entusiasmo que bajaron los homicidios y aclara, prudentísima, que 'merece seguimiento'. Seguimiento es justo lo que aquí faltó: alguien que diera seguimiento a que el ratero atrapado en vivo y a todo color no saliera caminando por la puerta de enfrente. Resulta que el eslabón débil de la cadena de justicia no era la patrulla, ni la víctima que reportó, ni el policía que corrió: era el escritorio donde un expediente espera, paciente, a que alguien lo firme.

El mensaje que queda flotando es desolador y cómico a partes iguales. A los ladrones de la ciudad: no se preocupen tanto por correr más rápido que la policía; basta con correr más rápido que el trámite. El sistema los alcanza, sí, pero con un sello que dice 'pendiente de resolución'. Y mientras tanto, la ciudadanía aprende la lección más tapatía de todas: aquí lo difícil no es agarrar al malo, es que el papel llegue antes de que se aburra de esperar.