El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México resolvió que la exalcaldesa de la Cuauhtémoc incurrió en abuso de funciones durante el llamado Operativo Diamante de 2023. El castigo, tras deliberar con toda la solemnidad de la República: un año de inhabilitación. Un año.

Pongamos ese plazo en perspectiva. Un año dura menos que la garantía de un refrigerador, menos que un contrato de telefonía, apenas lo mismo que tarda uno en volver a olvidar su propósito de ir al gimnasio. Es el tipo de sanción que se cumple sin darse cuenta, como una suscripción que se renueva sola. Para colmo, la resolución todavía no es definitiva: la exfuncionaria puede impugnar, es decir, puede lograr que la condena más breve del sistema dure todavía menos.

Uno esperaría que “abuso de funciones” viniera acompañado de un adjetivo más severo. Pero no: aquí la justicia administrativa mide en trimestres lo que la indignación ciudadana midió en titulares. Doce meses de no poder ocupar cargo, justo el descanso sabático que cualquier político agradece para “reorganizar proyectos”, posar en redes y regresar renovado a tiempo para la siguiente boleta.

La moraleja institucional es delicadamente perversa: el mensaje no es “no abuses del poder”, sino “si abusas, que te salga barato”. Un año es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol y lo que tarda una inhabilitación mexicana en dar la vuelta al olvido. Puntual, la exalcaldesa podrá marcar el calendario, esperar el vencimiento y volver a la fila. En este país, hasta las sanciones vienen con fecha de caducidad impresa —y siempre es corta.