En el catálogo de crímenes que sacuden a Nuevo León —huachicol por millones de litros, asaltos con mochilas de billetes—, Apodaca aportó esta semana un caso que merece capítulo aparte por su originalidad: el presunto robo de un cargamento de elotes.

La historia tiene todos los elementos de una tragedia de barrio. Un negocio de venta de elotes contrató a un conductor de aplicación para trasladar su mercancía. La carga, según el establecimiento, nunca llegó a su destino. El comercio hizo lo único que un mexicano moderno considera justicia expedita: lo exhibió en Facebook. "Se busca este conductor. Nos acaba de robar los elotes de hoy", publicó, acompañado de la amenaza más temida de nuestra era: subir los videos donde recoge la mercancía.

La recompensa ofrecida fue, sin exagerar, conmovedora: "Ven con tu familia por unos elotes gratis". No hay fuerza policial en el estado capaz de competir con eso. Ni orden de aprehensión, ni Agencia Estatal de Investigaciones, ni Fuerza Civil. Bastó la presión de las redes sociales —y el terror universal a quedar exhibido con nombre y video— para que el conductor entregara el paquete cerca de la medianoche, justo cuando el caso empezaba a hacerse viral.

Uno podría reírse del tamaño del delito, y lo hace. Pero en el fondo el episodio dice algo incómodo: en un estado donde se aseguran dos millones de litros de combustible robado sin que nadie parezca sorprenderse, resulta que el sistema de justicia más eficiente sigue siendo un puesto de elotes con cuenta de Facebook y buena redacción. Rápido, gratis, con final feliz y sin expediente. Ojalá el resto de las investigaciones locales resolvieran con la misma velocidad con que se recupera una carga de maíz en Valle de las Palmas.