Hay presidencias municipales que administran una ciudad y presidencias municipales que administran, sobre todo, a su propia oficina. En Puerto Vallarta, según la denuncia pública de la regidora independiente Melissa Madero, la segunda modalidad va ganando por goleada.

Los números que presentó en rueda de prensa dan para sentarse. El Cabildo, dice, autorizó para la oficina de la Presidencia 18 plazas y un presupuesto de 12 millones 204 mil pesos. La realidad de 2025, según sus datos, es otra cosa: 177 personas trabajando bajo el cargo directo del alcalde Luis Munguía y un gasto de 38 millones 959 mil pesos. Un salto de más de 26 millones. Si esto fuera una taquería, diríamos que le está yendo espléndido y que ya abrió sucursales. Como es una oficina pública, mejor preguntamos para qué necesita 151 asistentes y auxiliares un solo despacho.

Madero habla de presunto peculado por la alteración no autorizada de la plantilla, y de una parálisis en los servicios públicos básicos mientras el presupuesto se va en personal de confianza. Aquí somos cuidadosos: se trata de señalamientos de una regidora, no de una sentencia, y será la autoridad competente la que determine si hubo delito o solo un entusiasmo contratante fuera de lo común. Lo que sí podemos observar, sin miedo a difamar a nadie, es la coreografía: el mismo Cabildo que no encuentra tiempo para sesionar la Ley de Ingresos 2027 —doce de dieciséis regidores del Verde y Movimiento Ciudadano avisaron que no asistirían a la extraordinaria del sábado— sí encontró personal de sobra para llenar una oficina.

Es el gran misterio de la administración pública jalisciense: siempre falta gente en la ventanilla donde uno hace fila, y siempre sobra en la nómina que uno paga. Doscientos setenta y siete manos, o las que sean, y aun así el teléfono de quejas suena y suena. Ojalá el próximo hallazgo del Cabildo sea igual de detallado, pero en la columna de resultados. Por ahora, Vallarta tiene una presidencia con plantilla de corporativo y una ciudad con servicios de rancho.