En Chihuahua, la Justicia es ciega… pero parece que reconoce las carteras
Por El Carelio
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Hay accidentes que provocan indignación. Otros provocan tristeza. Y algunos, además, terminan convirtiéndose en una radiografía bastante incómoda de nuestro sistema de justicia.
El choque ocurrido en el cruce de las avenidas Tomás Valles Vivar y Haciendas del Valle, en Chihuahua, tiene ingredientes suficientes para las tres cosas.
Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida después de que su automóvil fuera impactado por detrás por una camioneta que, según los reportes preliminares, posiblemente circulaba a exceso de velocidad. La fuerza fue brutal: el vehículo habría sido proyectado cerca de 200 metros, hasta terminar contra un poste de energía eléctrica.
El presunto conductor de la camioneta ha sido identificado preliminarmente como Luis Fernando E. I., de 33 años.
Pero la historia todavía tendría un episodio difícil de creer.
De acuerdo con testimonios difundidos sobre el caso, después del choque el presunto conductor se habría quitado la ropa y habría intentado escapar completamente desnudo, corriendo por las inmediaciones de un hospital, hasta que personas presentes aparentemente lograron interceptarlo y retenerlo mientras llegaban las autoridades.
Sí: desnudo y presuntamente intentando huir después de un accidente en el que murió una persona.
La escena podría parecer sacada de una comedia absurda si no fuera porque detrás de ella existe una tragedia real: un hombre murió.
También circula una versión según la cual una supuesta infidelidad habría provocado una persecución previa al accidente. Hasta ahora esa historia no ha sido confirmada oficialmente, así que deberá quedarse exactamente donde corresponde: en el terreno de las versiones, no de los hechos comprobados.
Lo que sigue será mucho más importante.
Ahora veremos funcionar esa extraordinaria maquinaria jurídica mexicana que, curiosamente, en determinados casos puede adquirir una velocidad que ya quisiera cualquier ciudadano común para resolver un trámite.
Porque cuando el acusado tiene recursos económicos, influencias o capacidad para contratar una defensa poderosa, los mexicanos conocemos demasiado bien la sensación que suele aparecer:
“No se preocupe, licenciado, para eso están los abogados.”
Y comienzan las palabras mágicas: medida cautelar, reclasificación del delito, falta de elementos, suspensión, amparo, proceso en libertad...
Todo perfectamente jurídico.
Todo posiblemente perfectamente legal.
Y, algunas veces, también perfectamente incomprensible para la familia que está enterrando a un muerto.
Por supuesto, hay que decirlo con claridad: Luis Fernando E. I. debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine lo contrario. Tener dinero tampoco convierte automáticamente a nadie en culpable ni demuestra que exista corrupción.
Pero precisamente por eso este caso será una magnífica oportunidad para que las instituciones de Chihuahua demuestren que la justicia mide los hechos y las pruebas, no el tamaño de la cuenta bancaria del imputado.
Porque si dentro de dos o tres días el presunto responsable está tranquilamente en su casa, las autoridades seguramente podrán explicarnos que todo ocurrió “con estricto apego a derecho”.
Y quizá jurídicamente tengan razón.
Pero entonces habrá que explicar también por qué tantos mexicanos sin dinero, sin influencias y sin un ejército de abogados descubren que ese mismo “apego a derecho” suele ser bastante menos rápido cuando les toca a ellos.
La Constitución garantiza la presunción de inocencia y el debido proceso. Así debe ser.
Lo que no garantiza la Constitución es una justicia VIP.
Una para quien puede pagar.
Y otra para quien apenas puede defenderse.
Aquí murió una persona.
Mientras se determina judicialmente quién fue responsable, qué velocidad llevaba la camioneta, qué ocurrió antes del impacto y por qué el presunto conductor habría terminado desnudo intentando escapar, existe una pregunta que Chihuahua debería seguir haciendo:
¿La ley realmente es igual para todos?
Esperemos la actuación de la Fiscalía y de los jueces.
Quizá esta vez descubramos que aquella famosa señora con los ojos vendados llamada Justicia efectivamente no distingue entre ricos y pobres.
Aunque, viendo nuestra historia, uno empieza a sospechar que la venda le tapa los ojos…
pero no le impide escuchar perfectamente el sonido del dinero.
El choque ocurrido en el cruce de las avenidas Tomás Valles Vivar y Haciendas del Valle, en Chihuahua, tiene ingredientes suficientes para las tres cosas.
Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida después de que su automóvil fuera impactado por detrás por una camioneta que, según los reportes preliminares, posiblemente circulaba a exceso de velocidad. La fuerza fue brutal: el vehículo habría sido proyectado cerca de 200 metros, hasta terminar contra un poste de energía eléctrica.
El presunto conductor de la camioneta ha sido identificado preliminarmente como Luis Fernando E. I., de 33 años.
Pero la historia todavía tendría un episodio difícil de creer.
De acuerdo con testimonios difundidos sobre el caso, después del choque el presunto conductor se habría quitado la ropa y habría intentado escapar completamente desnudo, corriendo por las inmediaciones de un hospital, hasta que personas presentes aparentemente lograron interceptarlo y retenerlo mientras llegaban las autoridades.
Sí: desnudo y presuntamente intentando huir después de un accidente en el que murió una persona.
La escena podría parecer sacada de una comedia absurda si no fuera porque detrás de ella existe una tragedia real: un hombre murió.
También circula una versión según la cual una supuesta infidelidad habría provocado una persecución previa al accidente. Hasta ahora esa historia no ha sido confirmada oficialmente, así que deberá quedarse exactamente donde corresponde: en el terreno de las versiones, no de los hechos comprobados.
Lo que sigue será mucho más importante.
Ahora veremos funcionar esa extraordinaria maquinaria jurídica mexicana que, curiosamente, en determinados casos puede adquirir una velocidad que ya quisiera cualquier ciudadano común para resolver un trámite.
Porque cuando el acusado tiene recursos económicos, influencias o capacidad para contratar una defensa poderosa, los mexicanos conocemos demasiado bien la sensación que suele aparecer:
“No se preocupe, licenciado, para eso están los abogados.”
Y comienzan las palabras mágicas: medida cautelar, reclasificación del delito, falta de elementos, suspensión, amparo, proceso en libertad...
Todo perfectamente jurídico.
Todo posiblemente perfectamente legal.
Y, algunas veces, también perfectamente incomprensible para la familia que está enterrando a un muerto.
Por supuesto, hay que decirlo con claridad: Luis Fernando E. I. debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine lo contrario. Tener dinero tampoco convierte automáticamente a nadie en culpable ni demuestra que exista corrupción.
Pero precisamente por eso este caso será una magnífica oportunidad para que las instituciones de Chihuahua demuestren que la justicia mide los hechos y las pruebas, no el tamaño de la cuenta bancaria del imputado.
Porque si dentro de dos o tres días el presunto responsable está tranquilamente en su casa, las autoridades seguramente podrán explicarnos que todo ocurrió “con estricto apego a derecho”.
Y quizá jurídicamente tengan razón.
Pero entonces habrá que explicar también por qué tantos mexicanos sin dinero, sin influencias y sin un ejército de abogados descubren que ese mismo “apego a derecho” suele ser bastante menos rápido cuando les toca a ellos.
La Constitución garantiza la presunción de inocencia y el debido proceso. Así debe ser.
Lo que no garantiza la Constitución es una justicia VIP.
Una para quien puede pagar.
Y otra para quien apenas puede defenderse.
Aquí murió una persona.
Mientras se determina judicialmente quién fue responsable, qué velocidad llevaba la camioneta, qué ocurrió antes del impacto y por qué el presunto conductor habría terminado desnudo intentando escapar, existe una pregunta que Chihuahua debería seguir haciendo:
¿La ley realmente es igual para todos?
Esperemos la actuación de la Fiscalía y de los jueces.
Quizá esta vez descubramos que aquella famosa señora con los ojos vendados llamada Justicia efectivamente no distingue entre ricos y pobres.
Aunque, viendo nuestra historia, uno empieza a sospechar que la venda le tapa los ojos…
pero no le impide escuchar perfectamente el sonido del dinero.