La Corte le reprobó la tarea al gobernador: se le venció el plazo para el veto
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Todos conocemos el drama del alumno que llega tres días tarde con la tarea, ojos de cordero y una excusa lista. Lo que no esperábamos es ver ese mismo guion protagonizado por el Ejecutivo del estado frente al maestro más severo del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta semana, la SCJN rechazó el veto que el gobernador de Nuevo León había interpuesto, allá por 2022, contra decretos que reformaban seis leyes de la entidad. ¿El motivo del rechazo? No fue un debate jurídico profundo sobre soberanía, ni un choque épico de poderes. Fue algo mucho más doméstico y mucho más humillante: se le pasó el plazo. Tenía diez días para presentar sus observaciones y, aparentemente, el calendario no perdona ni a los gobernadores jóvenes.
La ministra ponente presentó el proyecto y lo calificó, con la delicadeza de quien pone un cero rojo en la esquina de la hoja, como infundado. Se reconoció la validez de los actos impugnados porque los argumentos del poder accionante, en palabras del propio proyecto, resultaron infundados. Traducido del legalés al regio: 'lo sentimos, ya no se recibe'.
Hay algo casi poético en el asunto. Un gobierno que ha hecho del reloj y de la inmediatez toda una marca personal —transmisiones en vivo, anuncios a la velocidad de un tuit, obras inauguradas casi antes de terminarlas— terminó tropezando justo con una fecha límite. Es como el corredor que presume su cronómetro y llega tarde a su propia carrera. La misma administración que puede subir un video en segundos dejó pasar diez días completos. Diez.
Y conste que aquí no celebramos ni el fondo ni la forma de las leyes en disputa; ese es otro pleito. Lo que consignamos es la lección de puntualidad, que salió carísima: seis reformas quedaron firmes no por convicción, sino por descuido de agenda. En cualquier salón de clases eso tiene nombre: entregar en blanco por no leer las instrucciones.
Ojalá el episodio sirva de moraleja en este regreso a clases que tanto presumió el propio estado. Porque de nada sirve inaugurar 42 planteles nuevos si en el más importante de todos —el de los plazos constitucionales— el gobierno se sienta hasta atrás, distraído, viendo el celular que la SEP ahora quiere prohibir. La campana ya sonó. Y esta vez no hubo tiempo extra.
Esta semana, la SCJN rechazó el veto que el gobernador de Nuevo León había interpuesto, allá por 2022, contra decretos que reformaban seis leyes de la entidad. ¿El motivo del rechazo? No fue un debate jurídico profundo sobre soberanía, ni un choque épico de poderes. Fue algo mucho más doméstico y mucho más humillante: se le pasó el plazo. Tenía diez días para presentar sus observaciones y, aparentemente, el calendario no perdona ni a los gobernadores jóvenes.
La ministra ponente presentó el proyecto y lo calificó, con la delicadeza de quien pone un cero rojo en la esquina de la hoja, como infundado. Se reconoció la validez de los actos impugnados porque los argumentos del poder accionante, en palabras del propio proyecto, resultaron infundados. Traducido del legalés al regio: 'lo sentimos, ya no se recibe'.
Hay algo casi poético en el asunto. Un gobierno que ha hecho del reloj y de la inmediatez toda una marca personal —transmisiones en vivo, anuncios a la velocidad de un tuit, obras inauguradas casi antes de terminarlas— terminó tropezando justo con una fecha límite. Es como el corredor que presume su cronómetro y llega tarde a su propia carrera. La misma administración que puede subir un video en segundos dejó pasar diez días completos. Diez.
Y conste que aquí no celebramos ni el fondo ni la forma de las leyes en disputa; ese es otro pleito. Lo que consignamos es la lección de puntualidad, que salió carísima: seis reformas quedaron firmes no por convicción, sino por descuido de agenda. En cualquier salón de clases eso tiene nombre: entregar en blanco por no leer las instrucciones.
Ojalá el episodio sirva de moraleja en este regreso a clases que tanto presumió el propio estado. Porque de nada sirve inaugurar 42 planteles nuevos si en el más importante de todos —el de los plazos constitucionales— el gobierno se sienta hasta atrás, distraído, viendo el celular que la SEP ahora quiere prohibir. La campana ya sonó. Y esta vez no hubo tiempo extra.