Buenas noticias para la equidad, con asterisco del tamaño de un ayuntamiento. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato analiza una medida que suena a titular de progreso: obligar a que solo mujeres encabecen las planillas de ayuntamiento en 13 municipios donde nunca, jamás, ha gobernado una mujer. De aprobarse, la regla sería de observancia obligatoria para partidos, coaliciones y candidaturas independientes rumbo al proceso electoral de 2026-2027. Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón y compañía podrían estrenar, por fin, una presidenta municipal.

Aplausos genuinos a la propuesta. Y ahora, si me permiten, revisemos con lupa el dato que la volvió indispensable, porque ahí está la verdadera nota. Según el propio instituto, desde 1997 —desde que arrancaron los procesos que organiza el IEEG— en esos municipios no ha habido ni siquiera candidatas mujeres a las presidencias. No es que perdieran: es que no llegaban ni a aparecer en la boleta. Casi tres décadas de listas encabezadas, con puntualidad casi litúrgica, por señores.

Dicho de otro modo: la mitad de la población tuvo que esperar veintitantos años y un decreto obligatorio para que a los partidos se les ocurriera poner a una mujer hasta arriba de la papeleta. No fue el talento el que faltó; el talento femenino en Guanajuato sobra, gobierna casas, negocios, escuelas, colectivos y hasta al respetable esposo. Lo que faltó fue voluntad de quienes arman las planillas en la trastienda, esos comités donde la palabra "paridad" entraba solo si cabía después del cafecito.

Por eso la medida tiene ese sabor agridulce de las rueditas de bicicleta: celebramos que por fin la pongan a andar, pero no deja de doler que un aparato político haya necesitado treinta años sin arrancar para aceptar el empujón. La acción afirmativa es, en el fondo, un espejo incómodo: no premia el mérito de los partidos, sino que corrige su terquedad. Es la ley diciéndoles, con toda la paciencia del mundo, lo que debieron entender solitos hace rato.

Quedan, claro, las letras chiquitas del debate. Falta que el consejo general lo apruebe, así que por ahora es propuesta y no realidad. Habrá quien alegue que imponer el género de quien encabeza limita la competencia; a esos conviene recordarles que la competencia lleva desde 1997 limitada a un solo género, nada más que sin decirlo en voz alta. Y habrá también el riesgo clásico de estas medidas: que aparezcan candidatas de membrete, colocadas para cumplir la cuota mientras el poder real se queda en el mismo escritorio de siempre. Ojalá no.

Mientras tanto, festejemos con sano escepticismo. Trece municipios podrían tener su primera alcaldesa, y eso es una buena línea para la historia local. Solo pedimos que, cuando llegue, nadie se cuelgue la medalla de progresista. La igualdad que llega obligada por reglamento no es un logro de generosidad: es la factura vencida de una omisión que duró casi tres décadas.