Vivienda transparente para todos, menos para quien la dirige
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La transparencia es como el cilantro: todos la piden en el discurso y muchos la retiran del plato a la hora de la verdad. Esta semana el ejemplo perfecto llegó desde el instituto encargado de la vivienda de los trabajadores, cuyo director consiguió que su declaración patrimonial quedara reservada como confidencial. No hace públicos ingresos, propiedades, cuentas bancarias ni salario. Ni el sueldo completo. Ni de chiste.
Uno respeta la privacidad, faltaba más. El derecho a que nadie hurgue en la vida ajena existe y es sano. Pero hay puestos donde la privacidad choca de frente con la lógica del cargo. Dirigir un organismo que administra el ahorro y la casa de millones de trabajadores, y al mismo tiempo pedir que se oculte cuánto ganas y qué tienes, produce un cortocircuito difícil de disimular. Es pedir fe ciega a quien construye vivienda con la promesa de que todo estará a la vista.
El detalle sabroso es contextual: mientras a un ciudadano común le piden comprobante de ingresos, historial crediticio, referencias, dos avales y hasta el acta de nacimiento del perro para acceder a un crédito, el titular de la vivienda social decidió que su información no es asunto de nadie. La transparencia, en este país, se ejerce con una precisión selectiva admirable: total para el de abajo, opcional para el de arriba.
Y no es que se le acuse de nada; que quede clarísimo. Reservar una declaración es una figura que existe y que la ley contempla. El problema no es de legalidad, es de óptica, y en política la óptica pesa toneladas. Cuando administras un patrimonio colectivo, la transparencia deja de ser un favor que concedes y se vuelve parte del contrato con la gente. Ocultarla no es delito, pero sí es una manera muy elocuente de decir 'confíen en mí' con la cortina cerrada.
La moraleja se sirve solita. Se puede predicar la casa abierta para todos y, a la hora de la propia, poner cerrojo, mirilla y persianas dobles. Ojalá el próximo gesto institucional sea menos escenográfico: una declaración abierta, un sueldo público y la novedad revolucionaria de predicar con el ejemplo. La casa modelo, después de todo, debería empezar por la del que reparte las llaves.
Uno respeta la privacidad, faltaba más. El derecho a que nadie hurgue en la vida ajena existe y es sano. Pero hay puestos donde la privacidad choca de frente con la lógica del cargo. Dirigir un organismo que administra el ahorro y la casa de millones de trabajadores, y al mismo tiempo pedir que se oculte cuánto ganas y qué tienes, produce un cortocircuito difícil de disimular. Es pedir fe ciega a quien construye vivienda con la promesa de que todo estará a la vista.
El detalle sabroso es contextual: mientras a un ciudadano común le piden comprobante de ingresos, historial crediticio, referencias, dos avales y hasta el acta de nacimiento del perro para acceder a un crédito, el titular de la vivienda social decidió que su información no es asunto de nadie. La transparencia, en este país, se ejerce con una precisión selectiva admirable: total para el de abajo, opcional para el de arriba.
Y no es que se le acuse de nada; que quede clarísimo. Reservar una declaración es una figura que existe y que la ley contempla. El problema no es de legalidad, es de óptica, y en política la óptica pesa toneladas. Cuando administras un patrimonio colectivo, la transparencia deja de ser un favor que concedes y se vuelve parte del contrato con la gente. Ocultarla no es delito, pero sí es una manera muy elocuente de decir 'confíen en mí' con la cortina cerrada.
La moraleja se sirve solita. Se puede predicar la casa abierta para todos y, a la hora de la propia, poner cerrojo, mirilla y persianas dobles. Ojalá el próximo gesto institucional sea menos escenográfico: una declaración abierta, un sueldo público y la novedad revolucionaria de predicar con el ejemplo. La casa modelo, después de todo, debería empezar por la del que reparte las llaves.