La Auditoría Superior del Estado puso la lupa sobre la cuenta pública 2024 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y encontró algo casi poético: más de seis millones y medio de pesos en comunicación social y publicidad que, hasta el momento, no se pudieron acreditar. Faltan contratos, faltan procesos de adjudicación y —el detalle fino— faltan las pruebas de que los servicios contratados de verdad se prestaron. Es decir: se pagó por anunciar, pero nadie halla el anuncio. La campaña más discreta en la historia del puerto fue, al parecer, tan exitosa que ni el auditor logró verla.

Las observaciones alcanzan a las administraciones que gobernaron ese año, y la mecánica es de manual: si los funcionarios no solventan los señalamientos, tendrían que reponer el dinero de su propia bolsa. Algunos dueños de medios ya salieron a decir que ellos sí entregaron en su momento las evidencias al entonces director de Comunicación Social, lo que abre la pregunta del millón —bueno, de seis millones y medio—: si los medios tienen sus comprobantes y el ayuntamiento tiene sus pagos, ¿dónde se quedó el papelito que une a uno con otro? En Vallarta, por lo visto, hasta los archivos se van de vacaciones a la playa.

Para redondear el expediente, el propio ayuntamiento abrió cuando menos dos créditos fiscales a fraccionamientos observados por la misma auditoría, entre explicaciones sobre incongruencias normativas, vigencias de licencias y cálculos "muy elevados" que hubo que corregir. Todo puede ser, como dicen, un asunto de criterios contables y no de dinero perdido. Ojalá. Pero mientras se aclara, queda la estampa perfecta del municipio turístico: un paraíso donde el sol sale gratis, el mar es de todos y la publicidad pagada —esa sí— resultó rigurosamente invisible.