Se cumple un año de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, aquella tarde que dejó 32 personas muertas y más de 60 lesionadas. El sitio, cuentan quienes lo visitan, sigue abandonado: entre dos árboles quemados sobreviven altares, fotografías y lienzos bordados a mano con los nombres de quienes salieron de casa y no volvieron. Los árboles ya retoñaron. La memoria, también. Lo único que no ha cambiado en doce meses es lo que provocó la tragedia.

Porque el dato que debería avergonzar a alguien es este: un año después, ocho de cada diez operadores de pipas siguen incumpliendo la norma. Manejan a exceso de velocidad por carriles centrales de acceso restringido, sin cinturón, sin las medidas básicas. No lo decimos nosotros: lo reconoce el propio director de Ingeniería de Tránsito, que resume el estado del arte con dos palabras que lo dicen todo, persiste la negligencia. Los Bomberos llevan la cuenta: 16 incidentes con estas unidades en lo que va del año. La estadística no aprendió la lección; sigue repitiendo curso.

Mientras la autoridad archiva diagnósticos, las víctimas cargan con el trámite. Jazlyn y Uriel, dos de los niños quemados aquella tarde, continúan su rehabilitación en la Fundación Michou y Mau. Jazlyn necesita nuevas cirugías en Galveston, del otro lado de la frontera, pero a su madre le han negado la visa por una traba en un expediente digital médico. Léase de nuevo: una niña que sobrevivió a una explosión no puede ir a que le sanen las quemaduras porque un archivo no cargó bien en un sistema. El siglo XXI en su máxima expresión burocrática.

Hay tragedias que se miden en muertos y hay indignidades que se miden en trámites. La Concordia nos dejó las dos. A un año, los altares están intactos; la norma que debía protegernos también sigue intacta, sin estrenar. Ojalá el próximo aniversario tengamos menos velas que encender y más expedientes resueltos. Es lo mínimo. Literalmente, lo mínimo.