Diecisiete casas para juzgar y salidas exprés para el juzgado
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Resulta que el Poder Judicial del estado mantiene diecisiete viviendas para magistrados y jueces: cinco en Ciudad Juárez y doce en la capital, todas propiedad federal. Por ellas han pasado 34 titulares de órganos jurisdiccionales, que así cuentan con un techo cómodo mientras imparten justicia. Hasta ahí, un dato administrativo. El problema es lo que ocurre cuando esos mismos despachos empiezan a firmar resoluciones que dejan a media sociedad con la boca abierta.
Porque en paralelo, la opinión pública lleva semanas cuestionando una seguidilla de decisiones judiciales desde que entraron en funciones los jueces y magistrados electos en 2025. El caso más fresco: a Fernando E. I., imputado por el homicidio imprudencial del señor Basilio Calderón, le retiraron la prisión preventiva en una audiencia que, además, se declaró privada. La defensa argumenta problemas de salud mental y posible inimputabilidad; el juez Juan Pablo Campos habría invocado la protección de datos sensibles para cerrar la puerta. Todo muy apegado al Código, dicen los abogados. Muy reconfortante para la ciudadanía, no tanto.
Y no es un caso aislado. A Édgar Escárcega Valenzuela —hermano de una magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial— una condena que originalmente terminaba en 2057 se le recortó, vía amparos, hasta una fecha probable de salida en marzo de 2050. Siete años de descuento que cualquier mortal firmaría sin pensarlo. La justicia chihuahuense, parece, reparte plazos con la misma generosidad con que reparte casas.
La estampa completa es irresistible: juzgadores con vivienda federal garantizada dictando resoluciones que a amplios sectores les saben a injusticia, mientras los diputados prometen poner el tema "en la lupa" y el Tribunal de Disciplina revisa. El coordinador panista Alfredo Chávez recordó que, al ser ahora funcionarios electos, los jueces cargan con una responsabilidad mayor y un escrutinio público igual de grande. Traducción: el pueblo los eligió y el pueblo los está mirando, casa por casa y sentencia por sentencia.
Nadie pide que un juez duerma bajo un puente para ejercer con rigor. Pero cuando las doce casas de la capital conviven con fechas de liberación que se adelantan y audiencias que se cierran, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si la balanza de la justicia pesa parejo o si, como las tandas de la comadre, siempre le toca primero a los de adentro.
Porque en paralelo, la opinión pública lleva semanas cuestionando una seguidilla de decisiones judiciales desde que entraron en funciones los jueces y magistrados electos en 2025. El caso más fresco: a Fernando E. I., imputado por el homicidio imprudencial del señor Basilio Calderón, le retiraron la prisión preventiva en una audiencia que, además, se declaró privada. La defensa argumenta problemas de salud mental y posible inimputabilidad; el juez Juan Pablo Campos habría invocado la protección de datos sensibles para cerrar la puerta. Todo muy apegado al Código, dicen los abogados. Muy reconfortante para la ciudadanía, no tanto.
Y no es un caso aislado. A Édgar Escárcega Valenzuela —hermano de una magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial— una condena que originalmente terminaba en 2057 se le recortó, vía amparos, hasta una fecha probable de salida en marzo de 2050. Siete años de descuento que cualquier mortal firmaría sin pensarlo. La justicia chihuahuense, parece, reparte plazos con la misma generosidad con que reparte casas.
La estampa completa es irresistible: juzgadores con vivienda federal garantizada dictando resoluciones que a amplios sectores les saben a injusticia, mientras los diputados prometen poner el tema "en la lupa" y el Tribunal de Disciplina revisa. El coordinador panista Alfredo Chávez recordó que, al ser ahora funcionarios electos, los jueces cargan con una responsabilidad mayor y un escrutinio público igual de grande. Traducción: el pueblo los eligió y el pueblo los está mirando, casa por casa y sentencia por sentencia.
Nadie pide que un juez duerma bajo un puente para ejercer con rigor. Pero cuando las doce casas de la capital conviven con fechas de liberación que se adelantan y audiencias que se cierran, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si la balanza de la justicia pesa parejo o si, como las tandas de la comadre, siempre le toca primero a los de adentro.