A un año de que una pipa de gas explotara en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, la discusión más reveladora no ocurre en la calle, sino en una hoja de cálculo. La empresa dueña de la unidad, Silza, sostiene, telemetría en mano, que su conductor circulaba a un prudente y responsable ritmo de 38 kilómetros por hora. La Fiscalía capitalina, en cambio, echó mano de dieciséis especialidades forenses y concluyó que la pipa iba entre 44 y 46 en una curva diseñada para 40.

Hagamos las cuentas del reparto: de un lado, la caja negra de la propia empresa, ese testigo tan objetivo como el que se califica solito su propio examen. Del otro, dieciséis disciplinas periciales que, curiosamente, coinciden todas en que el número que reportó la gasera se quedó corto. Es la clásica pelea entre 'lo que dice mi aparatito' y 'lo que dicen todos los demás aparatitos', y ya sabemos cómo suele terminar cuando el aparatito es el del que tiene que pagar.

La diferencia parece minúscula —seis, ocho kilómetros por hora— y por eso mismo es tan elocuente. Nadie pelea con tanto empeño por ocho kilómetros salvo cuando esos ocho kilómetros son la frontera entre 'fue un accidente' y 'iba más rápido de lo permitido justo en la curva donde no debía'. Aplicada a un tanque de gas, esa franja no es un tecnicismo de reglamento: es la distancia entre frenar y no frenar a tiempo.

Al final, la autoridad informó que se optó por un acuerdo reparatorio con las víctimas. Traducido: la telemetría seguirá marcando 38 en los archivos de la empresa, la ciencia seguirá marcando 46 en los de la Fiscalía, y las familias tendrán que conformarse con que, al menos, alguien puso una cifra sobre la mesa. Un año después, la única velocidad que de verdad importó fue la de llegar a un arreglo antes de que el asunto avanzara más lejos.

Bienvenidos a la Ciudad de México, donde hasta la aceleración es negociable, siempre y cuando la negocie quien venía manejando la pipa.