Imagine el lector la escena: un ciudadano de Zapopan, cumplido y de buena fe, va a pagar su impuesto predial. Suelta sus casi 69 mil pesos convencido de que ese dinero irá a bacheo, alumbrado o cualquier noble causa municipal. Lo que no sabía es que su predial tenía otros planes y decidió, allá por 2019, irse por la libre a la cartera de un funcionario.

La historia acaba de tener desenlace: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado informó que José Luis 'N', empleado del Ayuntamiento de Zapopan, fue sentenciado por abuso de autoridad tras apropiarse de 68 mil 990 pesos correspondientes al pago del predial de ese ciudadano. La condena llegó en un procedimiento abreviado, esa modalidad express de la justicia que, curiosamente, resultó más veloz que las seis primaveras que tardó el caso en cerrarse.

Hay algo entrañablemente absurdo en el asunto. Al ciudadano promedio le repiten hasta el cansancio que pagar impuestos es un deber cívico, casi un acto de amor a la patria. Y uno cumple. El problema es cuando descubre que el amor no era correspondido y que su aportación patriótica se transformó, por arte de magia burocrática, en el ingreso extra de alguien más. Uno paga religiosamente para sostener a la ciudad y termina financiando, sin querer, un pequeño emprendimiento personal.

Que exista sentencia es, de verdad, una excelente noticia; conviene subrayarlo sin ironía. Pero también conviene medir la hazaña: tardamos seis años en confirmar oficialmente que quedarse con el dinero ajeno está mal. Un principio que cualquier niño de preescolar domina antes de aprender a amarrarse las agujetas. El mensaje para el contribuyente zapopano es agridulce: sí, tarde o temprano hay consecuencias; pero cuide su comprobante, tómele foto, guárdelo, enmárquelo, porque en esta ciudad su recibo del predial es, técnicamente, un objeto de deseo.