En Jiquilpan, tierra de Cárdenas y de buenos modales, las autoridades detuvieron a un hombre acusado de no cumplir con la pensión alimentaria de sus hijas desde 2019. Seis años. Para que se dé una idea, señor lector: en ese lapso cambiaron autoridades, pasó una pandemia entera y el precio del kilo de tortilla hizo cosas que prefiero no recordar. Todo se movió, menos el depósito.

Que quede claro por respeto a la ley: se trata de una detención por una acusación, y a toda persona la ampara la presunción de inocencia hasta que un juez diga lo contrario. Pero el dato público invita, cuando menos, a una reflexión de sobremesa: hay quien confunde la obligación alimentaria con el gimnasio en enero —se inscribe con entusiasmo y deja de ir en febrero, convencido de que nadie llevaba la cuenta.

Spoiler: alguien siempre lleva la cuenta. En este caso, la Fiscalía. Porque la pensión no es una cortesía navideña ni una propina por buen comportamiento; es un derecho de los hijos, no un favor del papá. Y sin embargo, en el imaginario de más de un moroso, dejar de pagar parece un trámite tan sencillo como cancelar el internet: se deja de usar y ya, que se las arregle el otro extremo del cable.

Lo que muchos deudores no leyeron en las letras chiquitas es que este servicio no trae botón de baja. Uno puede desaparecer del domicilio, cambiar de número, mudarse de estado; la cuenta sigue corriendo, callada, paciente, sumando mes con mes como un reloj que nadie apagó. Y un buen día toca a la puerta con uniforme.

Ojalá esta historia jiquilpense sirva de recordatorio a los distraídos del estado: en Michoacán se puede olvidar el cumpleaños de la suegra, la cita del dentista y hasta dónde quedó estacionado el coche. Lo que no conviene olvidar durante seis años es a quién le toca de comer. Porque, tarde o temprano, la memoria de los demás resulta mucho mejor que la propia.