Hay iniciativas que celebran lo obvio y otras que lo delatan. La que presentó la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso pertenece, con honores, al segundo grupo: propone reformar dos leyes para evitar que los estímulos y apoyos a organizaciones de la sociedad civil terminen beneficiando a servidores públicos o a sus familiares hasta el cuarto grado.

El cuarto grado. Detengámonos ahí, porque es pura poesía jurídica. El cuarto grado abarca bisabuelos, tataranietos, tíos abuelos y primos hermanos. Alguien, en algún escritorio del Congreso, se sentó a desplegar el árbol genealógico completo y concluyó que sí, que convenía cerrarle la puerta hasta al primo. Uno no legisla contra un fantasma: si la ley aterriza hasta el cuarto grado es porque, presuntamente, alguna vez alguien llegó hasta allá con la charola de los apoyos.

La Consejería Jurídica avaló la propuesta y la llamó «congruente» con los planes estatales y «compatible» con el marco federal, además de promotora de la honestidad, la transparencia y la prevención de la corrupción. Todo cierto. Pero hay algo profundamente melancólico en tener que aprobar una ley que, en esencia, dice: «por favor, no le den el dinero del pueblo a su familia». Es el equivalente institucional del letrero de «no escupir» en el elevador: existe porque hizo falta.

Lo más fino del asunto es que se trata de una «prohibición preventiva y expresa». Preventiva, porque asume que la tentación ya está ahí, latente, esperando. Y expresa, porque de manera tácita, al parecer, no bastaba. En Guanajuato ya no confiamos en el «se entiende»: ahora lo ponemos por escrito, con número de expediente y hasta el cuarto grado.

Ojalá prospere. Ojalá, incluso, algún día tengamos el lujo de derogarla por innecesaria. Ese día —cuando legislar contra el nepotismo suene tan absurdo como legislar contra respirar— sabremos que algo cambió. Mientras tanto, brindemos por los diputados que se atrevieron a contar hasta cuatro. Y por los primos, que tendrán que buscar chamba como todos.