Hay operativos que restauran la fe en las instituciones. Este no, pero al menos entretiene. En un local del callejón Flamencos, entre Pino Suárez y 20 de Noviembre, las autoridades aseguraron 6 mil 900 juguetes y artículos sexuales valuados en dos millones 70 mil pesos, porque el negocio no pudo acreditar la legal procedencia de la mercancía. Hasta ahí, un decomiso administrativo de rutina.

El detalle que eleva la escena a categoría de arte patrio es el reparto estelar: el aseguramiento lo encabezó la Secretaría de Administración y Finanzas, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y —redoble— la Secretaría de Marina. Sí, la misma Armada que vigila los mares territoriales fue convocada para escoltar 110 cajas de cartón y 128 bolsas negras repletas de vibradores. Uno imagina el parte oficial: misión cumplida, sin bajas, objetivo neutralizado y apagado.

La nota reportó que entre lo incautado había “una amplia variedad de artículos de uso íntimo para adultos”. La prensa capitalina, con ese pudor tan nuestro, tituló el asunto “recogen juguetitos”, en diminutivo, no vaya a ser que alguien se ruborice. Porque en este país podemos hablar sin temblar de huachicol, de aviadores y de aguinaldos estratosféricos, pero un consolador nos obliga a bajar la voz y ponerle sufijo cariñoso.

Que quede claro: el problema, insisten las autoridades, no era el contenido sino la falta de documentación. De modo que estos seis mil novecientos aparatos no incurrieron en ningún acto indebido; simplemente operaban en la informalidad, como medio país. Su pecado no fue vibrar, fue vibrar sin factura.

Uno celebra el celo fiscalizador, faltaba más. Solo queda una duda existencial para esta víspera del Grito: con miles de policías cuidando el Zócalo, ¿de veras hacía falta la Marina para tomar por asalto una tienda del Centro? Al parecer sí. Dormimos más tranquilos sabiendo que, mientras la Patria festeja, la fuerza naval vela por que ningún juguete ande suelto sin su acta de nacimiento.