Hay una tradición mexicana más arraigada que el atole con tamales: descubrir, justo cuando el reloj está por dar las doce, que el sistema gubernamental no estaba listo. Y ahí entra el senador chihuahuense Mario Vázquez, quien pide ampliar 180 días el plazo para amarrar las líneas telefónicas a la CURP, porque el 30 de junio amenaza con dejar a millones de mexicanos hablando solos.

Seamos justos: el legislador tiene razón en lo esencial. Hoy el celular ya no sirve nada más para hablarle a la suegra; es cartera, es oficina, es la escuela del chamaco y, para muchos, el único hilito que los conecta con un servicio de emergencia. Cortar líneas por un error de dedo en una base de datos no es un tropiezo menor: es prenderle fuego a la vida digital de medio país por culpa de un formulario mal capturado.

Lo que ya raya en lo cómico —cómico de reír para no llorar— es que el debate completo se reduzca a estirar la liga del calendario y no a preguntar lo obvio: ¿de verdad sirve para algo este padrón? Porque México ya vio esta película. Se llamó RENAUT, prometía combatir el delito y terminó siendo un costosísimo ejercicio de juntar datos personales para que, al final, nadie supiera bien dónde quedaron. Spoiler del recuerdo incómodo: recolectar CURPs nunca atrapó a un solo malandro, pero sí engordó un archivero.

Vázquez exige transparencia y mecanismos claros para corregir errores, y aplausos por eso. El detalle es que esas garantías debieron nacer el día uno, no aparecer de emergencia cuando ya huele a quemado. Porque si hay ciudadanos que descubren líneas registradas a su nombre sin haber movido un dedo, no estamos ante una 'pequeña falla técnica': estamos ante un sistema que reparte identidades como volante de tianguis.

Y ojo, tampoco se trata de volver la prórroga el nuevo modo de vida del Estado. Seis meses pueden servir para auditar, corregir y darle certeza a la gente. O pueden servir para lo de siempre: prolongar la angustia, palomear el calendario y confundir —con esa maestría tan nuestra— aplazar con resolver. Dar más tiempo a quien no usó el que tenía es como prestarle el coche otra vez al cuñado que ya lo chocó.

Al final, la pregunta de fondo no es si el plazo vence el 30 de junio o seis meses después. La pregunta es si el gobierno tiene un sistema confiable, transparente y seguro para manejar millones de datos sensibles, o si nada más nos está pidiendo la CURP por costumbre. Porque cuando la autoridad exige información delicada, la primera obligación de demostrar eficiencia recae en quien la pide, no en el pobre ciudadano que solo quiere que su teléfono siga marcando.

Ahí está el meollo, paisanos: antes de exigirnos que nos registremos, el Estado debería demostrar que sabe administrar lo que pide. De lo contrario, la prórroga del senador no sería una solución, sino una confesión a media voz de que el sistema nació chueco, incompleto y sin manual. ¿Y usted, que piensa?? Mientras lo decide, no apague el celular… por si acaso.